Las nuevas unidades abarcan 669.000 hectáreas del sur de la Amazonía y estarán destinadas a conservar la biodiversidad, los ambientes forestales y acuáticos, además de sostener las formas de vida de las poblaciones locales.

En concreto, fueron creadas la Reserva de Desarrollo Sostenible Tupana Igapó-Açu I, en Borba; la Tupana Igapó-Açu II, en Beruri y Tapauá; la Canaã, en Careiro y Autazes; y la Mirari, en Humaitá.

Estas áreas permiten que sus habitantes utilicen los recursos naturales de manera sostenible, por lo que combinan conservación ambiental con actividades agroextractivistas y aprovechamiento responsable del territorio.

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Una barrera preventiva frente a la deforestación

La creación de las reservas adquiere especial importancia por su ubicación junto a la BR-319, una ruta que permanece parcialmente sin pavimentar y cuya posible modernización generó expectativas de desarrollo, pero también preocupación ambiental.

Durante años, las promesas de pavimentación estuvieron vinculadas con el avance de la especulación inmobiliaria y la deforestación ilegal. Por ello, las nuevas áreas protegidas funcionan como una medida preventiva frente a una eventual intensificación de la ocupación territorial.

Además, la protección anticipada permite establecer reglas sobre el uso de los recursos antes de que aumenten las presiones sobre los ecosistemas. De este modo, la infraestructura vial puede avanzar bajo mayores condiciones de planificación y control ambiental.

Importancia de la medida para la Amazonía

Uno de los principales beneficios de las RDS será conservar grandes superficies de bosque y ambientes acuáticos en una región especialmente sensible a los cambios en el uso del suelo. Mantener estos espacios conectados favorece la conservación de hábitats y especies.

A su vez, el modelo de desarrollo sostenible reconoce a las comunidades locales como parte de la gestión territorial. El aprovechamiento regulado de los recursos puede generar alternativas económicas sin depender necesariamente de actividades que impliquen una transformación intensiva del bosque.

Sin embargo, la creación de reservas no elimina por sí sola las amenazas. Su eficacia dependerá de la fiscalización, la planificación de las obras viales y la capacidad de impedir ocupaciones ilegales y procesos de deforestación.

En ese contexto, la infraestructura y la conservación deberán mantenerse articuladas. El desafío será evitar que una mayor conectividad territorial se traduzca en un aumento de la presión sobre uno de los ecosistemas más importantes del planeta.

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Fondos para restauración y economía sostenible

Junto con las nuevas reservas, se aprobaron 240 millones de reales del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social para contratos de concesión de las Unidades de Manejo Forestal II y III del Bosque Nacional Humanitá, sobre 162.700 hectáreas.

Asimismo, el BNDES anunció 235,8 millones de reales del Fondo Climático, el Fondo Amazonía y Bosque Vivo para restauración ecológica y gestión territorial. También se activarán seis Centros de Desarrollo Socio-bioeconómico mediante acuerdos con la Fundación Amazonía Sostenible.

Por otra parte, estos centros contarán con 70,2 millones de reales de financiación del gobierno alemán. El objetivo será impulsar iniciativas que vinculen conservación, producción sostenible y desarrollo de las comunidades amazónicas.

Más protección en otras regiones de Brasil

En Piauí, otro decreto amplió el Parque Nacional Sete Cidades, ubicado en Brasileira y Piracuruca, en 7.192 hectáreas. Con esta incorporación, el área protegida alcanza 13.502 hectáreas y suma nuevos espacios de transición ambiental y hábitats para especies amenazadas.

Mientras tanto, el Fondo Climático destinará 180 millones de reales para restaurar más de 10.000 hectáreas en el Área de Protección Ambiental Triunfo do Xingu, en Pará.

Finalmente, el Fondo Amazonía asignará 50,5 millones de reales al proyecto Naturalezas Quilombolas, destinado a fortalecer la gestión ambiental de comunidades quilombolas en la Amazonía Legal. El programa tendrá una duración de 60 meses e incluirá 33 millones de reales para proyectos locales de agroecología, gobernanza y manejo sustentable.