En la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes se trabaja en un proyecto de “ficha limpia”, que busca establecer la prohibición de postularse como candidatos a ocupar cargos públicos y partidarios a ciudadanos que tengan deudas con la Justicia.

La iniciativa es impulsada por Eduardo Hardoy y Any Pereyra del Partido Liberal, que proponen que todas aquellas personas que busquen ocupar cargos públicos sean “hombres y mujeres honestos y honorables”, según versa el proyecto que se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales. En diálogo con El Litoral, Eduardo Hardoy precisó que “el proyecto de ley busca instalar el debate. No esperamos que salga tal cual se presentó, sino establecer consensos”.

“No podrían acceder a ser candidatos a cargos electivos legislativos, tanto provinciales como municipales. También alcanza a los que sean considerados cargos públicos cuya designación dependa del Poder Ejecutivo”, se explayó Hardoy.

“La propuesta es que también se considere dentro de este marco a quienes tengan condena, aunque esta no esté firme. Aunque fuera una pena privativa de la libertad o de cumplimiento en suspenso, de igual manera estaría contemplado para impedir la candidatura”, explicó el diputado provincial.

La iniciativa incluye la consideración de delitos contra la integridad sexual, fraude contra la administración pública, corrupción o delitos contra la libertad, como ser esclavitud o trata de personas, según precisa el marco normativo propuesto.

Al respecto, Hardoy expresó: “Estas son nuestras consideraciones, pero imaginamos que en el debate pueden ampliarse los delitos”.

“La sociedad nos mira y nos cuestiona, con razón en muchos casos. Queremos garantizar a la ciudadanía candidatos honrosos”, dijo el referente del Partido Liberal.

Hardoy explicó a este medio que, de aprobarse, la normativa también modificaría la Ley Orgánica de Partidos Políticos. “Quienes tengan condena tampoco podrían presidir partidos ni ocupar cargos de jerarquía en ellos”, manifestó el diputado. El Código Electoral de la Provincia también sufriría modificaciones en este sentido.

En caso de aprobarse la propuesta, los partidos políticos y alianzas electorales deberán exigir a todos los precandidatos y candidatos titulares y suplentes que integren sus listas, para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia. 

Este certificado se deberá acompañar junto con la presentación de listas, tanto en las elecciones primarias como en las generales.

En caso de no adjuntarse el Certificado de Antecedentes Penales correspondiente o, en su defecto, en caso de no producirse el reemplazo del precandidato o candidato en el término previsto, se procederá a la eliminación de ese candidato.

“Nos encontramos en la obligación de asegurarle a los correntinos que los cargos, sean estos electivos o bien sean por designación del Poder Ejecutivo, serán ocupados por hombres y mujeres idóneos, que tengan un pasado y presente limpios, sin que tengan en su haber deudas con la Justicia”, versa el proyecto.

A mediados de septiembre la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó y dio media sanción al proyecto de ley que impide ser funcionario provincial o municipal o integrar listas de candidatos a personas que tengan fallos judiciales por delitos no excarcelables en su contra. En las provincias de Neuquén y Misiones también se encuentra dentro de las comisiones de Asuntos Constitucionales. En enero de este año, diputados nacionales de Juntos por el Cambio volvieron a presentar el proyecto de ley, luego de que hubiera perdido estado parlamentario en la última oportunidad.