Pero también es cierto que la situación penitenciaria es un desastre y que habría que habilitar rápidamente nuevas dependencias. Si se pudieron incrementar abruptamente las camas disponibles para atender a posibles enfermos por covid-19 también se podría utilizar la obra pública para duplicar rápidamente el alojamiento penitenciario.

[Periodista especializado en política de la Provincia de Buenos Aires.]
  
SEBASTIÁN DUMONT

Eduardo De Lazzari: con él comenzó todo el embrollo presente. Con César Torres esto no hubiese ocurrido.
 

En el año 2014, Daniel Scioli junto a Alejandro Granados lanzaron las policías locales en la provincia de Buenos Aires. Los por entonces aspirantes a ingresar en la nueva fuerza de seguridad se inscribieron en sus municipios y allí los intendentes observaron una situación que solía repetirse en varios casos: había muchos anotados con antecedentes penales por delitos o, incluso, con detenciones en su haber por robos. Una delgada línea entre la ley y la marginalidad conviven de manera constante en los barrios más difíciles del Conurbano Bonaerense. Ante la polémica desatada por la liberación de presos, justificada ante la pandemia del coronavirus, está germinado una enorme cantidad de aristas que ayudarían a aumentar la tensión social en el Gran Buenos Aires. 

El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, fue el primero en advertir públicamente la compleja situación que significa el regreso a los barrios de delincuentes peligrosos. Y la endeble paz social que podría significar la renovada convivencia entre policías y ladrones.

Tal como se dijo anteriormente, la decisión de estar de un lado u otro del mostrador es muy endeble. El caso de las policías locales fue una clara demostración de ello donde se veía como primer beneficio de sumarse la salida laboral además de la obra social. No por vocación. Muchos de esos efectivos quizá ayudaron a detener a sus propios vecinos que ahora ven regresar. ¿Cuanto puede tardar en qué empiecen los ajustes de cuentas? Quién lo sabe. Esa es una de las tantas preguntas que surgen desde este nueva embestida libertaria donde, incluso, lo connivencia entre delincuentes y efectivos policiales suele ser más común de lo que se conoce. 

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Méndez gobierna San Miguel desde mediados de 2016 cuando su conductor político, Joaquín De la Torre, asumió como ministro provincial. En octubre de 2019 revalidó en las urnas y tiene mandato hasta 2023. La decisión de salir a marcar agenda desde los territorios con esta cuestión no deja de ser interpretada como una movida con efectos políticos.

Con la mayoría de los alcaldes de Cambiemos mostrándose cerca de Alberto Fernández, Mendez, asesorado por De la Torre, puede explorar el camino que le de una identidad propia dentro de la oposición más allá de su perfil local vecinalista. Sobre todo en un distrito que no deja de tener aún, en el tema de seguridad la referencia de Aldo Rico, más por simbología que por hechos reales.

En efecto, luego de la experiencia del ex carapintada, el distrito fue clave en la construcción de un rasgo duro en la materia donde se puso como horizonte, entre otros ejemplos, la experiencia de militarización en las favelas de Río de Janeiro de la mano de José Mariano Beltrame. El ex funcionario carioca estuvo varias veces en Argentina. En una de las últimas fue invitado por el procurador provincial Julio Conte Grand, en 2018, para dar capacitación a fiscales bonaerenses.

El nexo fue el ex secretario de Seguridad de San Miguel, Max Perkins, quien hoy trabaja junto al jefe de los fiscales bonaerenses.  

Conte Grand viene batallando duro con integrantes de la Justicia como el juez de Casación suspendido Martín Ordoqui y Víctor Violini, quien firmó la mayoría de las liberaciones que se efectuaron hasta aquí. El juez tuvo, en su momento, el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner.