Por Juan Manuel Barca

Superada la crisis cambiaria, el Gobierno busca retomar el impulso de la reforma laboral. Una de las iniciativas más ambiciosas es la que apunta a la regularización del empleo no registrado, con la cual las autoridades buscan registrar hasta 300.000 trabajadores de un total de 6,5 millones en situación irregular.

De esa cifra, 4,5 millones están en negro y 2 millones son independientes, según cifras oficiales.

La meta fue confirmada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al ser consultado por iProfesional en el marco de una charla organizada por la Universidad Di Tella, donde ratificó su intención de que el Congreso avance en el debate del proyecto.

"La expectativa es que haya entre 200.000 y 300.000 beneficiarios de esta medida. Esperamos que sea en el primer año, así estaríamos incorporando a casi el 5% de los asalariados no registrados", anticipó Triaca.

La cifra está lejos del millón de personas que se había propuesto la cartera laboral el año pasado, pero igualmente representa un desafío para el ministro, que busca avanzar con su plan para combatir la informalidad y luchar contra la evasión laboral, junto con la modificación del marco normativo de las relaciones laborales.

El proyecto incluye una reducción de la indemnización por despido, el fondo de cese laboral y otros cambios importantes.

Por estas horas, la reforma enfrenta obstáculos en varios frentes. Uno de los principales es la falta de entusiasmo del empresariado.

En el sector privado, reconocen que hay un amplio "perdón" por deudas e infracciones y que, de ese modo, se reducirá la litigiosidad, pero advierten que aun así muchas empresas verán un incremento en sus costos si se suman al régimen legal, en medio del aumento de tarifas, la inflación y un deterioro de la actividad.

Las compañías calculan que si por un empleado una firma paga un salario de $20.000 en negro, esa cifra se duplica al pasar a registrar al trabajador, ya que la misma debe realizar contribuciones por un valor similar al de la remuneración.

"Se incluye perdón sobre todo lo que uno pueda imaginar, pero faltan incentivos: si una Pyme tiene que pasar a alguien en blanco no le dan los costos", advirtió a iProfesional el abogado de empresa Julián de Diego.

Pero algunos de los cambios también generan cortocircuitos con la CGT. Los triunviros Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña acordaron con el jefe del bloque justicialista del Senado, Miguel Pichetto, respaldar el "blanqueo", pero se opusieron a la rebaja de las indemnizaciones.

La principal resistencia se aloja en los gremios duros encabezados por Pablo Moyano. En medio de 800 cesantías en Cresta Roja, el camionero advirtió que "la baja de las indemnizaciones va a traer una ola de despidos" y que su espacio "va a salir a la calle", como lo hizo en diciembre pasado contra la reforma jubilatoria.

Las tensiones resurgen en plena puja por la renovación de la conducción de Azopardo, en la que buscan hacer pie con una fórmula conjunta Pablo Moyano y el bancario Sergio Palazzo.

Por otra parte, el acercamiento de Mauricio Macri al Fondo Monetario también sumó ruido. El organismo había recomendado en diciembre pasado hacer modificaciones a la legislación laboral, indemnizaciones, convenios colectivos, contribuciones patronales y jubilaciones, similares a los que el Gobierno propone.

Pero Triaca niega que el organismo haya planteado exigencias en materia laboral. En los últimos días, el funcionario mantuvo un fuerte cruce al reclamarle a los sindicalistas que "lean el proyecto de ley del que ellos mismos participaron".