La energía es un tema en la agenda del Gobierno Provincial y también de legisladores provinciales y nacionales. Distintos proyectos se impulsan tanto desde el oficialismo como desde la oposición, en materia de infraestructura como de beneficios.
Una energía eléctrica encarecida y demanda de infraestructura parecieran colisionar con una agenda de desarrollo. El dominio originario sobre los recursos naturales es uno de los puntos que reclamaría el Gobierno Provincial esta semana ante Nación.
En paralelo, distintas gestiones se realizan en ese sentido. Legisladores de Entre Ríos y Corrientes presentaron un proyecto de ley que busca una tarifa diferencial del 50 por ciento para Corrientes y Entre Ríos por emplazarse represas hidroeléctricas en territorio provincial. Tal es el caso de Yacyretá y de Salto Grande.
La iniciativa pide el descuento del 50 por ciento del MWV en función de ser ambas jurisdicciones generadoras de energía, aportantes al sistema nacional. “Corresponde a las Jurisdicciones Provinciales, conforme lo establece el artículo 124 de la Constitución Nacional: el dominio originario de sus bienes, de los recursos naturales, de las fuentes de generación eléctrica existentes en sus territorios, a los fines de asegurar su uso racional, sustentable, en función de atender las necesidades locales”, expresa el expediente. “La jurisdicción, competencia y administración del mercado eléctrico local, incluyendo la regulación, prestación y poder de policía de los servicios”, continúa.
En su artículo 2, el proyecto establece su aplicación en 30 días a partir de su sanción. Además, pide la “interrupción en el territorio argentino de los incrementos tarifarios para el precio de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista aplicados desde Cammesa”.
Otro de los puntos que plantea el proyecto consiste en disponer la conformación de una “comisión técnica de estudio de la tarifa eléctrica que estará integrada por un representante del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), un representante de la Secretaría de Energía del Ministerio de Energía y Minería, un representante de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), y representantes de las empresas distribuidoras de electricidad que operan en las Provincias de Entre Ríos y Corrientes y en las demás jurisdicciones provinciales, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
A su vez, el expediente estipula que “la comisión técnica tendrá como función el control y el seguimiento de la situación eléctrica existente en el país, así como el monitoreo del proceso que lleve adelante el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia, incluyendo los efectos económicos y sociales que se deriven de las medidas que se adopten en resguardo de los principios de adecuación, razonabilidad y equidad”.
El documento lleva la firma de los diputados nacionales por Corrientes Jorge Romero, Araceli Ferreyra y José “Pitin” Ruíz Aragón. También, con el acompañamiento de los entrerrianos Julio Solanas y Juan Manuel Huss.
Vale recordar que en materia energética, el gobernador Gustavo Valdés, cuando fuera diputado nacional, había presentado una propuesta de Fomento de Inversión en emprendimientos económicos de carácter promocional, próximos a represas hidroeléctricas en el territorio argentino. Uno de los beneficios consiste en cobrar el valor de la energía a los emprendimientos económicos a precios mayoristas. Esto contribuiría a la economía doméstica de localidades como Ituzaingó, próxima a Yacyretá y de donde es oriundo el mandatario.

Diputados nacionales de Corrientes y Entre Ríos proponen la creación de una comisión técnica de seguimiento de los aumentos de la tarifa eléctrica.

En la Legislatura también se debatió un proyecto relacionado con la represa hidroeléctrica. En este sentido, el Senado dio media sanción en diciembre del año pasado a la llamada “provincialización” de Yacyretá.
La iniciativa, que fuera impulsada por el senador provincial Noel Breard, apunta a reivindicar como dominio provincial el Complejo Binacional Hidroeléctrico Yacyretá, en la parte que le corresponde a Argentina. Esto, por razones de reparación histórica. “Especifica que la provincia debe recibir por el fruto generado, debido a la explotación de los recursos naturales, lo mismo que recibió la contraparte contratante de Argentina desde el año 1994 (energía de libre disponibilidad en el mismo porcentaje y recursos que aporta a la otra parte) como así también para el futuro”, indica el expediente.
Entonces, al momento de haberse aprobado el proyecto, Breard había expresado: “Nos han discriminado, a Corrientes nos han violado las tratados internacionales, el trato justo. En Encarnación y en Posadas han invertido más de 3.000 millones de dólares”.
Por otra parte, desde el bloque peronista en la Cámara baja nacional anticiparon que esperan avanzar con una agenda conjunta con sus pares de Entre Ríos en materia energética. Esto incluye a legisladores provinciales de ambas jurisdicciones, y de acuerdo con lo informado desde el sector, prevén que también abarque a distintos colores, más allá de la pertenencia a un espacio político.
El primer encuentro de legisladores nacionales y provinciales se realizaría en la Legislatura de Entre Ríos, aunque aún no hay una fecha confirmada. La agenda energética pareciera interpelar tanto al oficialismo como a la oposición en distintas órbitas legislativas.
En materia tarifaria, funcionarios provinciales del área de Energía solicitaron la quita progresiva de subsidios al sistema eléctrico en la cuarta reunión del Consejo Federal de Energía, en Buenos Aires. Estos reclamaron que en lugar de una quita total en 2019, se extienda hasta 2023, según confirmaron desde Gobierno.