La iniciativa ubica la edad de imputabilidad en 14 años para delitos gravísimos y de 15 años para los muy graves.

Después de octubre, el Gobierno reactivará la reforma penal juvenilGaravano y Bullrich y una reforma que traerá fuertes debates
El Gobierno nacional quiere ver cómo se reformula el Congreso de la Nación después de las elecciones del 22 de octubre para avanzar con distintas leyes. La principal, es la Ley de Presupuesto Nacional 2018 que podría llevar al recinto en diciembre, una vez que haya cambiado la integración de ambas alas legislativas. En el oficialismo calculan que si se repiten los resultados de las PASO de agosto, aumentaría su representación en ambas cámaras y tendría una mejor posición para negociar, y otros interlocutores también. Necesitaría menos votos de los opositores. El Frente para la Victoria vería reducido su peso parlamentario y podría surgir un nuevo bloque peronista que no responderá a Cristina Fernández y donde los gobernadores serán clave. Atendiendo a ese panorama, el proyecto de ley de régimen penal juvenil recién sería enviado al Congreso por el Gobierno después del 22-O.

La iniciativa ya fue redactada por la comisión que creó el Poder Ejecutivo Nacional e incluye la baja de edad de punibilidad a 14 años para determinados delitos.

"Hay un proyecto que seguramente después de las elecciones sea enviado al Congreso", adelantó Garavano en una conferencia de prensa que realizó luego del acto de entrega de 20 millones de pesos por parte del gobierno nacional al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, destinado a los institutos de menores provinciales el 2/10.

Garavano adujo que la iniciativa "forma parte del proceso que tiene que ver con mejorar la situación de jóvenes en conflicto con la ley penal", y añadió que "nosotros siempre pensamos en un abordaje integral".

"No se trata solamente de un tema de edad, sino de tener una ley que permita un abordaje integral de jóvenes en conflicto con la ley penal", remarcó.

Dijo además que en la elaboración del proyecto "estamos coordinando con (los ministerios de) Desarrollo Social y con Seguridad, y esperamos poder también abrir luego con el resto de las jurisdicciones". "En esto la provincia de Buenos Aires es uno de los actores más importantes, porque es una de las jurisdicciones que tiene una de la problemáticas más crítica en esta materia", aseveró, y evaluó que, en este sentido, "la opinión de la provincia de Buenos Aires va a ser clave para esta ley nacional".

En Diputados, el Gobierno cuenta con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa, aunque su bancada sufriría una reducción en estos comicios y se desconoce cómo se ubicará ante la posible unidad del peronismo en el Congreso.

"No es un tema nuevo, en el mes de enero, con Margarita (Stolbizer) pedimos sesiones ordinarias para que se trate, al igual que lo hicimos en el 2013, en el 2014. La Argentina necesita modificar su régimen penal juvenil", sostuvo el tigrense en su momento

Según confirmó Garavano, la edad de imputabilidad fijada es de 14 años para delitos gravísimos y de 15 años para los muy graves.

Los gravísimos tienen penas mayores a 24 años, mientras que los muy graves tienen una condena mínima de 15 años.

La iniciativa generó rechazos: la “Red Argentina No Baja” confirmada por legisladores kircheristas -José Cruz Campagnoli, Andrea Conde y Paula Penacca- y varias organizaciones sociales, rechazaron la presentación e insistieron en la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil basado en los derechos humanos.

Asimismo advirtieron que “el Gobierno desoye las recomendaciones realizadas por la absoluta mayoría de los propios especialistas convocados por el ministro Garavano en febrero de este año, así como de UNICEF Argentina y hasta la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF)” quienes demostraron que “bajar la edad de punibilidad no soluciona ninguno de los problemas con los que se la pretende justificar”.

Actualmente, Argentina no tiene un régimen de responsabilidad penal juvenil como lo dispone la Convención de los Derechos del Niño. Rige el régimen penal de la minoridad, establecido por una ley de la dictadura de 1980.

Dicha norma establece dos categorías: una, de 16 a 18 años no cumplidos, y otra para los menores de 16 años. De los primeros, dice que son "relativamente imputables". Se les hace un proceso, pero la sentencia y la pena no se fijan hasta que cumplan los 18 años.

En tanto, los menores de 16 son absolutamente inimputables y no punibles.

Si se les imputa un delito, el expediente penal se cierra y se abre otro, el tutelar. Si del estudio de ese expediente, el juez llega a la conclusión de que el menor está en peligro moral o material "puede disponer de él". En estos casos, vuelve a tener relevancia la situación económica del menor y su familia.