Protección A Una Organización Criminal
Investigan a un fiscal por ilícitos provenientes del tráfico de personas

Investigan a un fiscal por ilícitos provenientes del tráfico de personas
27/04/2017 |

EX FISCAL. Benito Pont está acusado de brindar protección a una organización criminal. Se conocieron maniobras desplegadas por un grupo de empresarios para canalizar al circuito formal millonarios activos ilícitos provenientes del tráfico de personas. La causa es una derivación del caso en el que se investiga al ex fiscal Federal de Paso de los Libres, Benito Pont y a otros funcionarios.

La investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres, a cargo del fiscal Aníbal Martínez, y que cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, logró identificar una importante cantidad de operaciones que permitirían comprobar presuntas maniobras de lavado de activos de origen ilícito por parte de la organización delictiva investigada.
Se trata de una derivación de la causa en la que se investiga al ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont, y a otros funcionarios, por brindar protección a una organización criminal destinada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Puntualmente, luego de analizadas las constancias de la causa Nº 35310/2016 “Av. posible delito de acción pública - infracciones leyes 19.359 y 24.769 y art. 303 y el perfil fiscal de cada uno de los investigados, la Procelac presentó un informe de colaboración donde se identifican operatorias de adquisición de más de 50 vehículos y 13 inmuebles, en los que habrían intervenido un total de 16 personas físicas, circunstancias que darían cuenta de la canalización en el mercado formal de bienes de origen espurio.
Al mismo tiempo, se sugirió la adopción de forma inmediata de medidas de naturaleza cautelar tendientes a asegurar la masa de activos involucrada que compongan el patrimonio de los sujetos investigados y, en consecuencia, se minimice el riesgo de que una eventual sentencia de condena se torne de imposible cumplimiento.
La causa se inició cuando la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo “del Litoral” de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tomó conocimiento de la existencia de un grupo de personas conformado por Héctor Sebastián Garavone, Pablo Martín y Héctor Rodrigo Marsilli, Jorge “Coco” Castro Gentil y Ricardo Gustavo Aguirre, que se habrían asociado para poner en circulación activos ilícitos, provenientes de la trata de personas.
Los sospechosos habían creado las firmas Gabac SRL –de recauchutado y renovación de Neumáticos-, Awkward Transportes Limitada –de transporte de cargas-, Marga SRL –dedicada a servicios integrales, asesoramiento, exportación e importación de mercaderías y estibaje-, HCV-RCM SRL –de gestión logística- y la agencia Aguirre Automotores que integraba la firma Gusmar SRL, a través de las cuales -según la hipótesis investigada- introducían en el mercado legal los activos generados por la trata de personas con fines de explotación sexual.
Así, los imputados, junto a un grupo de personas, integrarían una organización que trasladaba pesos argentinos a la ciudad brasileña de Uruguayana, donde los cambiaban por reales y luego por dólares, para finalmente llevarlos a la financiera de Fernando Marticorena, Dakota Group, que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, donde nuevamente eran cambiados por otras divisas.
Esas maniobras se realizaban para encubrir el origen ilícito de los activos, a través de inversiones, aportes de capital en la constitución de sociedades, desarrollos inmobiliarios, compraventa de bienes muebles e inmuebles registrables y el uso de cuentas bancarias para administrar bienes.

Complicidad con prostíbulos
Dos fiscales correntinos denunciaron a su par de Paso de los Libres, Benito Pont, por su presunta complicidad con una organización dedicada a la explotación de víctimas de trata en locales nocturnos y un hotel de esa ciudad de la frontera con Brasil.
El Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, y el fiscal federal de Corrientes Carlos Schaefer, requirieron instrucción formal contra Pont por la presunta comisión de al menos cuatro delitos agravados, en su posible rol de obstrucción y garantía de impunidad a una organización dedicada a la explotación de víctimas de trata en dos locales nocturnos y un hotel de Paso de los Libres, donde fueron rescatadas 19 mujeres en lo que va del año.

La denuncia surge de los lazos detectados entre Pont con los responsables del negocio de la prostitución en Paso de los Libres, a raíz de una investigación abierta en diciembre pasado.

De acuerdo con los términos de la denuncia a la que tuvo acceso Télam, al representante del Ministerio Público se lo acusa de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad o incumplimiento a los deberes de funcionario público, así como de encubrimiento y coacción agravados.

Para Colombo y Schaefer, el fiscal federal, que investigara los lugares dedicados a la prostitución a lo largo de los años siempre "sin éxito", resultó "ser amigo y socio comercial del dueño y administrador del hotel referido y cuñado de otro imputado que también estaría vinculado a la titularidad de este lugar".

Por ese motivo, en diciembre pasado Pont fue apartado de todas las causas por trata de personas en su jurisdicción. En el marco de la investigación, cuyo expediente obra en el juzgado federal de Paso de los Libres a cargo de Cristina Pozzer Penzo, el 10 de enero se realizó un allanamiento con la liberación de 12 mujeres víctimas de trata. El 30 de marzo fueron rescatadas otras 4, y el 16 de mayo último otras 3 mujeres.

El caso tiene marco en el expediente FCT 7789/2015/1 del Juzgado Federal de Paso de los Libres, en el que se logró verificar e identificar a las personas que formaban parte de una organización criminal destinada a la "captación, traslado y acogimiento de un número indeterminado de mujeres con fines de explotación sexual".

Quienes lideraban esta organización pusieron en funcionamiento dos whiskerías ("Roxi" o "Puro Movimiento", y "Baliza" o
"Dancing"), "en los que se ofrecían y realizaban los servicios sexuales de las mujeres prostituidas, y un hotel (Momentos), en el que también se concretaban estos servicios y en el que, además, se alojaba a las víctimas previamente captadas y trasladadas para su posterior explotación, conformando así un único sistema prostibulario", indicaron.

Según la investigación, se corroboró "que el fiscal federal Benito Pont, en su calidad de tal, habría realizado aportes para garantizar la impunidad de José María Viero (su cuñado) y Ricardo Aguirre (ex -socio comercial) y de los otros miembros de la organización, que consistieron tanto en maniobras omisivas como en acciones".

De hecho, Pont "actuó como fiscal federal en al menos tres causas que involucraron a los locales Puro Movimiento, Momentos y Balizas como objeto de la pesquisa, sin embargo, y a sabiendas que en uno de esos inmuebles ("Hotel Momentos") fue adquirido por su cuñado José Viero, y era explotado en los papeles por Clelia Espada (esposa de Ricardo Aguirre, y ex socia del fiscal federal Benito Pont, en una sociedad del año 1989), no se excusó", revelaron fuentes de la fiscalía de Schafer a Télam.

"Es más, se les daba trámite, pasaba el tiempo y concluía en la declaración de incompetencia de la causa, aduciendo que solo se estarían cometiendo delitos de explotación sexual", subrayaron y mencionaron que las causas "pasaban a la jurisdicción provincial, por lo cual se está averiguando su suerte".