VIEJAS SON LAS TOGAS

Línea de Corte de Macri en la Justicia, un alivio para Gils Carbó

<p>Línea de Corte de Macri en la Justicia, un alivio para Gils Carbó</p>
29/03/2017 |

Ricardo Lorenzetti acaba de arrebatarle al tribunal que preside una acordada muy disputada para devolverle al gobierno (bah, al Consejo de la Magistratura) la potestad de decidir qué magistrado en edad de jubilarse (75 años) queda y cuál sigue su ruta.

En plena disputa con el kirchnerismo le habían sacado esa facultad al Poder Ejecutivo para evitar que se apropiara de la silla de Carlos Fayt, que tenía 97 años. Elena Highton de Nolasco, próxima a cumplir la edad tope, presentó un amparo y lo mismo hizo María Romilda Servini de Cubría, ya con 79 años. Precisamente, “Chuchi” siente que la Corte entregó su cabeza en bandeja de plata a Mauricio Macri, con ese fallo, pero en realidad deja en su misma condición al 8% de los magistrados. Para la Casa Rosada, por algo se empieza, ya que el Consejo de la Magistratura deberá esperar el resultado de la auditoría que dispuso a los jueces por su actuación en los últimos 20 años para recién avanzar en la limpieza, cuya lista encabeza el millonario camarista Jorge Freiler, seguido por Daniel Rafecas y muchos más. La obsesión macrista, Alejandra Gils Carbó, quedó muy lejos de la línea de Corte.

Línea de Corte de Macri en la Justicia, un alivio para Gils CarbóCon Alejandra Gils Carbó no pueden y, entonces... la necesidad del PRO la aprovechó otro necesitado, Ricardo Lorenzetti.
Así como el Grupo Clarín se impacienta porque Cristina Fernández de Kirchner no termina siendo puesta presa de una vez, la obsesión de Mauricio Macri es conseguir, por las buenas o por las malas, que la Justicia se depure. Y como el objetivo central, que tiene nombre y apellido: Alejandra Gils Carbó, quedó parapetado en el duelo de campañas electorales con el kirchnerismo, la ofensiva del gobierno se redirigió al núcleo de magistrados que copan las distintas dependencias del Poder Judicial.

Después de los fallos del año pasado en torno de las tarifas que desbarataron las urgencias de la Casa Rosada por atraer inversores petroleros mediante los tarifazos, el Presidente tuvo un encuentro privado con el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien venía siendo asediado por la diputada Elisa Carrió y clamaba por ayuda política. Acordaron abrir un diálogo institucional y con ese justificativo Macri cambió la cara de los interlocutores ad hoc ante la cúpula judicial: ratificó al ministro de Justicia, Germán Garavano, como nexo insustituible con el Tribunal Superior, relación que venían cubriendo uno de los socios fundadores, por la UCR, de la coalición Cambiemos, Ernesto Sanz, a la sazón íntimo amigo de Lorenzetti, y del procurador general del Tesoro, Ricardo Balbín.

Macri dio en enero una pista del new way en la conexión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en ocasión del traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, cuando dijo que "la Justicia tiene que tener herramientas de evaluación para saber qué hace cada juez y en qué plazos", dicta sentencia. Y reflexionó: "Las causas tienen que esclarecerse en cierto tiempo, sino hay frustración".

La Corte Suprema de Justicia, en consecuencia, reintegro al Presidente y al Senado (los otros dos poderes) la facultad de definir qué magistrados quedarán exceptuados de ser jubilados cuando traspasen los 75 años de edad, que le había quitado al kirchnerismo cuando a toda costa quería hacer que Carlos Fayt le dejara libre la silla aduciendo que tenía 97 años.

Elena Highton de Nolasco estaba en el límite de 75 años, que cumpliría justo en el relevo presidencial de diciembre, e interpuso un amparo para seguir en el cargo, que un juez de primera instancia dio sentencia a favor y, como el Gobierno no apeló, quedó firme. Pero hubo una jueza federal que, con sus 79 años, encuadra como anillo al dedo en el caso que contempla la reforma constitucional de 1994 de que los magistrados que superen el tope de 75, para seguir en el cargo deberán pasar por un nuevo acuerdo del Senado: se trata de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.

Por más que “Chuchi”, tal como la apodan, esté convencida de que la medida del tribunal mayor fue para soltarle la mano y que quede a merced de la misión imposible de reunir dos tercios de la Cámara Alta para poder seguir en el cargo, lo cierto es que un lote entre 70 y 80 colegas suyos, sobre un total de 1.000, fueron dejados en capilla.

La depuración judicial

El Cronista Comercial vincula la oportunidad de la firma de la acordada, de intenso debate en la Corte y con voto dividido, a la presión que le está imprimiendo el Gobierno a “la depuración del Poder Judicial, desde fiscales, a jueces y a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, todos nombres a los que vinculan con el kirchnerismo, por sus actuaciones o por su pertenencia a la agrupación Justicia Legítima”.

Algo es algo, se trata de una de las cartas que consiguió arrebatarle la Casa Rosada a la cerrada corporación judicial que se le opone aunque comprende a no más del 8% del staff judicial.

Por el lado de la remoción de Gils Carbó, el ex PJ hoy PROperonista que preside la comisión de Juicio Político de Diputados, Álvaro González, en la cual Cambiemos reúne 10 de los 31 miembros, no se manifiesta muy optimista de una inmediata resolución de los 9 pedidos de juicio político presentados contra la procuradora en general por mal desempeño, fundados en una serie de designaciones en fiscalías. Hay nombres pesados detrás, como Elisa Carrió, Mario Negri, Margarita Stolbizer, más la reciente aparición del Colegio Público de Abogados, y Ricardo Monner Sans, y prospera una discusión doctrinaria de si el procurador puede ser sujeto de juicio político, ya que la Constitución de 1994 no lo incorporó, pero sí una ley posterior.

Con el Consejo de la Magistratura, la jugada oficialista fue poner la lupa sobre el trabajo de todos los juzgados federales del país en los últimos 20 años y cuestionar la transparencia del sistema informático del Poder Judicial, bajo la responsabilidad del hijo de Servini de Cubría, que incide sobre el bolillero de sorteo de causas. En la época kirchnerista siempre aparecían los mismos nombres: el de Norberto Oyarbide (que ya dejó el puesto a cambio de indulgencia) y el de mamá.

El abogado radical Miguel Piedecasas que preside el Consejo, de fluida relación con Lorenzetti, junto al legislador del PRO, Pablo Tonelli, arremeten contra una lista de indeseables que encabeza el camarista Jorge Freiler, plagado de denuncias por enriquecimiento, luego viene Daniel Rafecas y siguen las firmas.

No está en condiciones de darle demasiada pelea en ese terreno el kirchnerismo, que quedó en minoría con 2 diputados, 2 senadores, un juez y un representante del sector académico, pero obliga a afinar la puntería en los cuestionamientos. Pero la auditoría a las actuaciones de los jueces seguramente dejarán mucho material para armar los prontuarios.