Desde el estrado que montará la CGT este martes frente al Ministerio de Producción, se confirmará la realización del primer paro nacional de la presidencia Macri, aseguran desde distintos sectores de la conducción de la confederación. Aún no hay un consenso en torno al anuncio de una fecha para la huelga general, pero la mayoría de las previsiones coinciden en señalar que una nueva medida no se dilatará más allá de la primera quincena de abril. Hace un mes, habían anticipado que el cese generalizado de la actividad se concretaría en marzo.

La central pondrá ese día en juego su poder de convocatoria, tras ganar apoyos entre sectores tan dispares como grupos piqueteros y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Cuando termine el acto, previsto para las 15, la CGT deberá mostrar su capacidad política para capitalizar el impacto de la marcha contra el Gobierno que logró las mayores –y más variadas– adhesiones.

El desafío será calibrar la continuidad del plan de lucha y el consenso interno en torno al triunvirato. Aunque fue unificada bajo una conducción colegiada en agosto último, la CGT contiene una plétora de intereses, muchas veces contradictorios. Hay sectores dispuestos a ir por todo –o al menos de proclamarlo–, como también hay dirigentes que pueden perder mucho en una confrontación continua.

Los más políticos advierten sobre la necesidad de “cobrarse” la marcha antes de ir por más. Es decir, sostienen que no conviene salir inmediatamente a poner en juego la posición de la central con un paro, antes de haber cosechado los réditos políticos de la movilización.

Hasta la fecha, la estrategia de la central ha sido impulsar una medida del Congreso en coincidencia con sus movilizaciones. En abril, lograron aprobar una ley antidespidos. Macri la vetó. En noviembre, pidieron por la Emergencia Social. Fue aprobada por el Congreso, pero su implementación se ha venido retrasando. En esta oportunidad los objetivos son más ambiciosos: quieren cambios de fondo en la política económica.

Apoyos. Además de la CGT, comprometieron sumar tropa el 7M las dos CTA y sus principales gremios, Ctera (docentes) y ATE (estatales); los movimientos sociales aliados (CTEP, Barrios de Pie y la CCC); los intendentes del Grupo Esmeralda; la militancia kirchnerista, que fue instruida por Cristina Kirchner para marchar junto a los sindicatos; y, en fin, la izquierda combativa, que como es usual irá sin invitación y con sus propias consignas, entre ellas el reclamo de un paro urgente.

El panorama se completa con la Corriente Federal que lidera el bancario Sergio Palazzo, que integra la CGT pero mantiene una línea independiente, y el Movimiento Argentino de Acción Sindical (MASA) que integran gremios que no adhieren a la CGT unificada, como Smata, Unión Ferroviaria y los taxistas de Omar Viviani. En este último caso, no participarán de la marcha, pero organizarán asambleas y ceses de actividad en coincidencia con la manifestación.

Será difícil dar continuidad a esta unidad de acción compuesta por una amalgama tan heterogénea de actores políticos y sociales. Pero lo que realmente interesa a la CGT es mantenerse en el centro de la escena y consolidarse como el actor con el que le toca negociar al Gobierno para garantizar la paz social. No son mayoría los que aspiran a convertir el liderazgo actual en algo más que una unidad en la acción.

De hecho, algunos gremios no quieren siquiera compartir el palco con dirigentes sociales o gremialistas de la CTA. Es el caso de la dirección de la Confederación Argentina del Transporte (CATT) que el viernes pidió a su secretario general, Juan Carlos Schmid, que en el palco sólo haya integrantes de la conducción de la CGT.

Pero, más allá de los aliados, al interior de la CGT también hay fuertes diferencias sobre el camino a seguir. Más aún, entre los principales dirigentes hay voces que no quieren un paro o una presión creciente sobre el Gobierno. Ocurre que por estos días nadie se anima a decirlo en voz alta.

Uno de los principales secretarios generales anticipó a PERFIL que los gremios golpeados por despidos y los que dependen de subsidios estatales para mantener el nivel de empleo son reticentes a tirar demasiado de la cuerda. Sería el caso de la UOM, donde están algunas de las voces más duras con el Gobierno, pero su secretario general fue la única figura de primera línea que se encontró con el presidente Mauricio Macri por temas gremiales.