Fue una "semana negra" para la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. La auditoría de Brasil rechazó la rendición de cuentas del gobierno en el ejercicio 2014.
Los auditores objetaron los gastos señalando que se habían "maquillado" los números para mejorar el resultado fiscal y que habían detectado distorsiones en la administración de fondos por hasta 106.000 millones de reales (27.390 millones de dólares al cambio actual)
La decisión puede dar pie a que el Congreso abra un proceso de destitución de la presidenta por violar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La definición llegó luego de que el martes la máxima autoridad electoral de Brasil decidiera que hay motivos para reabrir la investigación que intenta determinar si hubo irregularidades en la campaña que llevó a la mandataria a la reelección el año pasado.
En este duro contexto para Rousseff y su administración, la oposición no dudó en reavivar el pedido de un juicio político en el Congreso. Este reclamo es liderado por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuyo líder Aécio Neves perdió ajustadamente en el balotaje contra Rousseff en 2014.
"El hecho concreto que queda comprobado es que la presidenta Dilma cometió delito de responsabilidad y ahora el Congreso Nacional tendrá que determinar las sanciones correspondientes", dijo Neves al portal "G1", del grupo Globo.
"Esto le muestra seriedad a la cuestión del control que los organismos tienen y deja a Dilma mucho más complicada", evaluó por su parte el analista internacional Gustavo Segré. "El juicio político es muy posible y muy probable", amplió en declaraciones a Radio Mitre.
A este difícil contexto se suma una economúa asfixiada por una recesión que aún no encuentra piso -el FMI prevé que el PIB brasileño caerá 3% en 2015- y el escándalo monumental de corrupción detectado en la petrolera estatal Petrobras.
Tras 12 años en el poder, el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) fundado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, está en una encrucijada. Con apenas un 10% de apoyo a su gestión, Rousseff hizo esta semana una profunda reforma de su gabinete para reforzar su base en el Congreso y, con una visible contribución de Lula, cedió poder a sus aliados para ganar sustentabilidad.
"Es imposible que creamos que le estamos haciendo un servicio a la democracia y al país intentando usar atajos para llegar al gobierno. El único método es el voto directo en las urnas", insistió el miércoles la Presidenta a una radio en una nueva defensa de su ajustada victoria electoral de octubre.
Maquillaje fiscal
El dictamen negativo de la auditoría brasileña sobre la rendición de cuentas fiscales tiene un solo antecedente: la gestión presentada en 1936. Durante la jornada el gobierno intentó infructuosamente suspender la sesión del TCU cuestionando a uno de los magistrados. El pedido fue denegado y fragilizó aún más la posición de Rousseff.
"Las cuentas no están en condiciones de ser aprobadas. Recomendamos su rechazo por el Congreso Nacional", dijo el ministro Augusto Nardes, a cargo de evaluar el caso, en un voto que fue acompañado en forma unánime por los restantes siete miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
En su voto, Nardes dijo que durante 2014 hubo una política expansiva de gastos "sin sostenibilidad fiscal y sin la debida transparencia". Además, criticó el maquillaje de los balances, obtenido mediante la retención de recursos. "Se entiende que los actos fueron practicados para evidenciar una situación fiscal incompatible con la realidad", afirmó.
Órgano que asiste al Congreso y que fiscaliza las cuentas de otros poderes del Estado, el TCU también detectó retrasos en los pagos del gobierno a entidades financieras públicas destinados a planes sociales, obligándolas a usar recursos propios, lo que está vedado por la ley de responsabilidad fiscal que no permite que la banca pública conceda créditos al Tesoro.
"No fueron prevenidos los riesgos, ni tampoco corregidos los desvíos que ocasionaron el 'desequilibrio' de las cuentas públicas en cerca de 40.000 millones de reales en el ejercicio 2014. La existencia de operaciones de crédito no registradas, así como el subregistro de pasivos, permite evidenciar resultados fiscales que no son reales", señala Nardes en el escrito que justificó el rechazo.
Ahora el fallo será entregado al Congreso para su evaluación, donde podría iniciar un largo periplo que alienta las expectativas de partidos opositores como el PSDB, que quieren abrir un proceso de "impeachment" contra Rousseff.
Tras el dictamen, el Palacio de Planalto divulgó un comunicado en el que aseguró que "los órganos técnicos y jurídicos del gobierno federal tienen la plena convicción de que no hay motivos legales para rechazar las cuentas".
El gobierno niega que se haya incurrido en alguna irregularidad y argumenta que esas prácticas fueron adoptadas por gobiernos anteriores, sin haber sido cuestionadas por el TCU.
Las leyes brasileñas prevén que si el Congreso apoya el rechazo del TCU, los funcionarios que sean hallados culpables no podrán presentarse a cargos públicos por ocho años.
Abuso de Poder
El martes el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil votó 5-2 a favor del fallo para reabrir la investigación sobre la última campaña del Partido de los Trabajadores.
La autoridad judicial busca determinar si Rousseff y el vicepresidente Michel Temer cometieron abuso de poder durante la campaña, y si se usó dinero ilegal para financiarla.
La investigación del TSE podría llevar a la invalidación de la ajustada victoria de Rousseff en las urnas el año pasado, aunque el proceso podría durar meses e incluso años y ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia.
La decisión avivó los intentos de la oposición por llevar adelante un juicio político a Rousseff en el Congreso. La
popularidad de la presidenta se ha hundido a niveles de un sólo dígito debido al escándalo de corrupción en Petrobras y a una persistente recesión económica.
La propia investigación del TSE fue pedida por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).