El viernes, la Open State Foundation recibió la noticia de que sus cuentas de Twitter asociadas al programa @politwoops (que desde 2010 registra tuits que publican políticos y luego borran) serían suspendidas.

Ya había pasado en junio con la versión estadounidense, pero ahora alcanzará a las de 30 países, incluyendo la cuenta de la Argentina y de varios países europeos. No es la única cuenta que hace algo así; también existen usuarios locales, además de la captura espontánea en imágenes que hacen algunos usuarios particulares.

Según Twitter, borrar un tuit que por alguna razón considera erróneo es un derecho del usuario (en este caso, un político o un funcionario público); desde la fundación que mantenía @politwoops sostienen que esto les permite desdecirse, y que si son funcionarios estatales lo que digan públicamente -incluyendo Twitter- debe preservarse.

A la vez, todos los tuits que se publican son almacenados por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos desde 2010, aunque para acceder a ellos hay que esperar seis meses desde su publicación, y es un servicio para académicos.

La decisión se suma al “derecho al olvido”, una herramienta europea que permite pedir que una página desaparezca de los resultados de los buscadores si la persona mencionada en ella considera que la información que brinda es inexacta o desactualizada, aunque en ese caso el contenido en sí sigue estando online (pero deja de aparecer en el buscador).