A nivel internacional, se conmemora hoy el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el propósito de generar conciencia sobre una problemática que aqueja a mujeres sin distinción de edad o país. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres mujeres en el mundo experimentó violencia física o sexual, mientras que un 7% está en riesgo de sufrir un asalto sexual. Parámetros que son “inaceptablemente altos”, señalaron desde la entidad mundial.

En Corrientes, desde la Multisectorial de la Mujer informaron que si bien el Estado no cuenta con estadísticas oficiales, se conoce que cada tres horas hay una denuncia por violencia de género en las delegaciones policiales de la provincia.

Aseguran que una de las mayores trabas es la falta de acompañamiento del Estado y, como consecuencia, la falta de decisión política para intervenir. Frente a esta situación, organizaciones sociales pedirán hoy la declaración de emergencia social en una marcha que se realizará desde Plaza Cabral hoy a las 18. Una de las dirigentes de la Multisectorial de la Mujer, Leticia Gauna, explicó que “la problemática sólo podrá ir resolviéndose en tanto haya decisión política y cambio cultural. Ya lo vamos notando, porque en las marchas o cuando se juntan firmas uno observa que son cada vez más los que repudian los hechos de violencia contra la mujer.

Pero esto debe ir acompañado de políticas de Estado que brinden un marco, que provean de un presupuesto y de órganos de control para que el problema se erradique”. En este sentido, la referente explicó que el próximo objetivo a cumplir entre las diferentes organizaciones sociales que velan por la causa es el de lograr la declaración de emergencia. Éste es un pedido con el que vienen desde hace tres años y que recién mañana será tratado en la Cámara de Diputados de la Provincia, luego de que la diputada del Partido Comunista, Sonia López, presentara el proyecto de ley.

Esta iniciativa legal de declaración de emergencia social por violencia de género propone que el Estado, en un período de dos años disponga de las herramientas y de la acción necesaria para asegurar algunas cuestiones clave, como la construcción de más refugios para víctimas, la reglamentación de leyes vinculadas a la temática que, una vez aprobadas, nunca existió interés en aplicarlas, o la puesta en funcionamiento de la línea 137.

En síntesis, piden la asignación de un presupuesto y un conjunto de líneas de acción a trabajar con el fin no sólo de asistir a las víctimas, sino de cooperar en la concientización contra la eliminación de la violencia contra la mujer.