“Creo que tendría que renunciar”, respondió el gobernador Ricardo Colombi (UCR), sobre la presencia del último ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en calidad de jubilado que continúa prestando servicios.

El mandatario provincial reiteró lo que había manifestado hace un año, sobre el beneficio que poseen los magistrados provinciales de que a pesar de estar con los trámites jubilatorios cumplidos, se mantienen activos en el Poder Judicial.

“Es acorde con los que nosotros venimos diciendo: aquellas personas que ya tienen su jubilación adjudicada, en cualquier área, deben presentar su renuncia. Me parece que es acorde con esa normativa la renuncia del ministro del Superior Tribunal”, señaló en referencia a su tío, el ahora ex integrante del STJ, Juan Carlos Codello, quien estuvo en el cargo diez años, pero hacía casi dos que tenía los trámites previsionales completos.

Oficialmente ayer por la mañana desde la oficina de prensa de la Corte provincial, informaron que el Ejecutivo envió al STJ el decreto respectivo en el que aceptó la renuncia de Codello, la dimisión se hará efectiva desde hoy, tal cual estaba especificada en la renuncia presentada el lunes último ante el Ejecutivo.

El Gobernador deberá completar las dos vacantes de la Corte provincial, la reciente de Codello y la de septiembre de 2013 dejada por el entonces presidente de la Corte provincial, Carlos Rubín. “

Los pliegos vamos a remitir lo antes posible. Vamos a mandar dentro del menor tiempo. Trataremos que sea en conjunto; pero en el menor tiempo posible los dos”, prometió Colombi quien en diciembre de 2013 ya había anunciado algo similar con la cobertura de la vacante dejada por Rubín pero que hasta ahora no se concretó.

En sus declaraciones a medios radiales antes de partir a la Capital Federal para firmar la última prórroga para vencimientos de pasivos (ver página 4), el Gobernador evitó dar nombres de posibles postulantes y remarcó lo que indica la ley, la facultad exclusiva del Ejecutivo para enviar los pliegos a la Cámara de Senadores.

Los requisitos son analizados por los integrantes de dicho cuerpo y se llama a audiencia pública donde se pueden realizar impugnaciones a los candidatos.

Los ciudadanos que deseen participar de la audiencia pública deben inscribirse en un registro ante la mesa de entradas del Senado. A su vez, los postulantes tienen la posibilidad de defenderse de posibles impugnaciones.

Sin embargo, lo tratado en la audiencia pública no es vinculante, es decir, independientemente de lo que se trata en ese contexto no gravitará en la votación de los senadores para aprobar o rechazar finalmente los pliegos en cuestión. Tampoco el Senado posee tiempos perentorios para el tratamiento parlamentario.