Los relevados son el jefe de inteligencia del Ejército, brigadier general Mauricio Ricardo Zúñiga; (el equivalente a Milani en la Argentina, hoy jefe del Ejército pero aún responsable de la Inteligencia castrense), y del director de la Central de Inteligencia Técnica de esa institución, brigadier general Jorge Zuluaga.

“Buggly Hacker, un lugar de sano esparcimiento, ideal para los amantes de la buena comida y la pasión por la informática”. Así se promocionaba el negocio que agentes de Inteligencia del Ejército abrieron el 18 de septiembre del 2012, como fachada de una minicentral electrónica con la misión de espiar a la guerrilla y que terminó desatando un nuevo escándalo por supuestas ‘chuzadas’ ilegales.
Tras su reunión con el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció 4 medidas para afrontar el caso de las 'chuzadas' (escuchas) ilegales a los negociadores del gobierno en la mesa de diálogos con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en La Habana (Cuba), denunciadas por la web Semana.com/

Ese paquete de decisiones implica la salida del jefe de inteligencia del Ejército, brigadier general Mauricio Ricardo Zúñiga; y al director de la Central de Inteligencia Técnica de esa misma institución, brigadier general Jorge Zuluaga.

“Esto, mientras avanzan las investigaciones y esto buscando mayor transparencia y mayor claridad”, dijo el ministro en la rueda de prensa. La decisión de la salida de los altos militares la tomaron de común acuerdo y en consenso con el comandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, y el comandante del Ejército Nacional, Juan Pablo Rodríguez.

Entre las medidas estará el inicio de una investigación disciplinaria en las que los encargados deberán rendir un informe antes de que termine la próxima semana. A esto se suma una investigación de la Justicia Penal Militar, que ya abrió unas indagaciones preliminares, y la Fiscalía también hará lo propio.

El fiscal general Eduardo Montealegre aseguró que las labores de inteligencia son amparadas por la Corte Constitucional, pero cuando estas tienden a proteger la seguridad nacional y no para violar derechos fundamentales como el de la intimidad.

Montealegre anunció que se adelantará una investigación para determinar si existió una extralimitación de funciones por parte de los miembros de inteligencia del Ejército que podrían estar vinculados con el tema de ‘chuzadas’.

“La Fiscalía ya tiene en su poder varios elementos producto del allanamiento que se hizo el 24 de enero de este año por orden de un fiscal y contamos con la autorización de un juez de control de garantías para hacer un examen minucioso de más de los 20 computadores, elementos y memorias que fueron incautados el días del allanamiento”, dijo.
Rebobinando, según el diario El Tiempo, de Bogotá:

“Buggly Hacker, un lugar de sano esparcimiento, ideal para los amantes de la buena comida y la pasión por la informática”. Así se promocionaba el negocio que agentes de Inteligencia del Ejército abrieron el 18 de septiembre del 2012, como fachada de una minicentral electrónica con la misión de espiar a la guerrilla y que terminó desatando un nuevo escándalo por supuestas ‘chuzadas’ ilegales.

Esta vez, contra blancos como la Fiscalía, la Policía e incluso –según la revista Semana, que reveló este lunes las supuestas actividades clandestinas de esa unidad– los negociadores del Gobierno en La Habana.

El escándalo cobró este martes en la noche dos cabezas en la cúpula militar: las de los generales Mauricio Zúñiga Campo, jefe de Inteligencia del Ejército, y Jorge Zuluaga López, jefe de la Central de Inteligencia Técnica (Citec), de la que dependía la fachada, que era coordinada por un capitán y que fue allanada por la Fiscalía hace 13 días. Los dos generales seguirán en servicio mientras culminan las investigaciones respectivas.

En 26 computadores incautados hace 13 días en Buggly Hacker, un discreto local en el barrio Galerías, en el occidente de Bogotá, quedó el rastro del ‘hackeo’ a sistemas electrónicos, bases de datos y comunicaciones de teléfonos inteligentes que no tenían por qué figurar como ‘blancos’ de la inteligencia militar.

En el lugar había cinco personas, entre ellas un sargento que se identificó como José Mejía. Todos fueron escuchados en entrevista y liberados horas después por la Fiscalía.

El representante de la empresa es Juan Carlos Mejía Durán, un hombre de 33 años y líder del llamado Partido Movimiento Pirata Colombiano, que promueve el voto en blanco y está en contra de los TLC y los derechos de autor. Posa en redes sociales y se presenta como “una persona leal, a la que le gustan la adrenalina y los retos fuertes”.

Altas fuentes de la Fiscalía aseguraron que el suboficial sorprendido en el local será llevado ante un juez para imputarle cargos, pero que la investigación apunta a establecer hasta dónde escaló, en la cadena de mando, la información obtenida ilícitamente.

Una pista clave es la señal de un sistema de cámaras que controlaba el negocio fachada a control remoto y que sería otro eslabón en la cadena de ‘chuzadas’.