No pretendo enriquecerme pero quiero darle un futuro a mis hijos”, había dicho María del Carmen Viera a un funcionario provincial al momento de solicitar ayuda ante el Estado que la encarceló pese a ser inocente durante 13 años.
La mujer de 38 años ingresó al Penal Nº3, que funciona en el Instituto Pelletier, en 1999, con una condena a cadena perpetua por el presunto homicidio de su hijo recién nacido. Sin embargo, el niño había muerto por causas naturales al tratarse de un alumbramiento precario, en la casa de la madre.
Un informe del Cuerpo Médico Forense promovido por la Defensoría de Cámara había comprobado la inocencia de la interna. Tras interponer ante dicha cámara un recurso de revisión, el 26 de abril de 2013, el Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad de la sentencia N°170 del 28 de junio de 2000 de la Cámara en lo Criminal de Paso de los Libres y ordenó su inmediata liberación.
Una vez en libertad, María del Carmen viajó a Mercedes donde viven sus cuatro hijos, la mayor de 22 años y los otros adolescentes. Siendo pequeños los niños habían dejado la escuela para colaborar con sostén de la casa y crecieron sin su madre.
Las condiciones de vulnerabilidad obligaron nuevamente a la mujer a alejarse de sus hijos para buscar trabajo en Corrientes. Hoy se emplea como doméstica en una casa particular y alquila una pieza. El dinero que gana lo envía a su familia, según desde la Defensoría que actualmente promociona su caso.
María del Carmen se capacitó en el interior del penal para aspirar a un futuro mejor. En el Pelletier aprendió cocina y manejo de PC.
A un mes de haber salido en libertad, la mujer junto a la Defensoría Oficial, efectuaron una presentación por la vía administrativa, solicitando algún tipo de contención o subsidio ante el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia.
Luego, hizo lo propio en la Fiscalía de Estado. No obstante, hasta el momento no recibió respuesta alguna por parte del Estado, entendido éste en un amplio sentido, sin apuntar a un color político, según aclaró su abogada.
“Esperábamos un acto de gobierno que reconozca su responsabilidad”, indicó la profesional, quien explicó que la Subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia debiera intervenir ya que los derechos de la ciudadana fueron vulnerados desde un principio, entre ellos, el de un juicio justo.
Aún sin respuesta oficial, analizan presentar una demanda contra el Estado por daños y perjuicios. “No queríamos llegar a esto pero agotamos la vía administrativa”, expresó.
Viera esperó un tiempo prudencial. La mujer no cuenta con ayuda estatal y tampoco recibió apoyo psicológico, ni sus hijos, de acuerdo a lo señalado.
Desde entidades de género, por otra parte, informaron que acompañarán a María del Carmen ya que “se han vulnerado sus derechos”, expresó Carolina González de Congénero y Cosaving.