Terminó El Quinto Juicio Por Lesa Humanidad En Corrientes
Corrientes juzgó la participación civil en delitos de la dictadura
La Justicia Federal de Corrientes condenó ayer con duras penas de prisión, por primera vez en la historia, la participación civil en el plan represivo de la última dictadura en el territorio de esta provincia.
La de ayer fue una tarde de un legítimo festejo de los sobrevivientes de los más atroces delitos cometidos por un grupo de tareas que una noche de noviembre de 1976 irrumpió ilegalmente en la casa de la familia Lossada, de Paso de los Libres, y se llevó secuestrado a tres jóvenes militantes políticos para someterlos a severas torturas y dejar en prisión casi cuatro años a uno de ellos.
El Tribunal Oral Federal 5 de la capital correntina dictó la sentencia ayer por la tarde en un juicio que comenzó hace tres meses por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada” y “aplicación de tormentos, en los tres hechos”, cometidos contra los estudiantes y militantes políticos de Libres, Carlos Lossada, su hermana Lilián y su Rosa Noemí Cotto, quienes festejaron el veredicto.
El exteniente primero del Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres, Héctor Mario Filippo, recibió la pena de 25 años de prisión efectiva, al igual que el exagente civil del Destacamento de Inteligencia 123, Carlos Faraldo; en tanto, Rubén Darío Ledesma, otro personal civil del Ejército, recibió la pena de 6 años de prisión.
De esta manera, Faraldo y Ledesma se convierten así en los primeros civiles que fueron a juicio y que ahora enfrentarán la prisión por haber participado en el plan represivo de la dictadura.
Los tres fueron hallados culpables de los delitos de torturas, secuestros y detenciones ilegales que se practicaban en el edificio del Destacamento de Inteligencia y el Regimiento 5 de Libres, como partes de un grupo de tareas que perseguía a jóvenes militantes políticos y estudiantes.
El Tribunal, integrado por los jueces Víctor Alonso (presidente), Lucrecia Rojas y Fermín Ceroleni, fijó las penas en la misma cantidad de años y delitos que habían solicitado los abogados querellantes, Daniel Domínguez Henaín y Carlos Olivera, y los fiscales Juan Martín García y Flavio Ferrini.
La República accedió al texto de la sentencia que estableció el inmediato cese de la libertad de la que gozaban los condenados y dispuso su traslado a una cárcel común de Resistencia, Chaco, donde compartirán un pabellón con otros represores sentenciados.
“Revocar las excarcelaciones oportunamente concedidas, disponiendo la inmediata detención de los imputados y su alojamiento en la Prisión Regional del Norte (U7), oficiándose al Servicio Penitenciario Federal al efecto”, dice el punto 5 del veredicto.
Las tres personas víctimas de esos delitos juzgados festejaron la sentencia junto con los representantes de la Comisión Provincial de Derechos Humanos y otros sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar en Corrientes.
“Bueno, por fin se terminó todo. Después de 36 años, finalmente la Justicia condenó a los que nos jodieron la vida en 1976”, dijo Carlos Lossada.
“A todos aquellos que decían que lo nuestro era un delirio, un invento, un cuento para perjudicar a alguien, les decimos que la Justicia no lo creyó así y comprobó todo lo que nosotros decíamos”, agregó.
Un emocionado Carlos Lossada escribió horas después en su cuenta de la red social Facebook: “Un saludo muy especial a todos aquellos que siempre nos creyeron y nos acompañaron. A los que confiaron en nosotros y siguieron junto a nosotros a pesar de lo que la ‘sociedad quería condenar perjudicar a familias ilustres’, a los que nos apoyaron en todo momento. Muchas Gracias”.
Bajo la aplicación de severas torturas, Carlos y su esposa Noemí estuvieron detenidos 48 horas en un aula del centro de estudios del Regimiento 5, mientras que Lilián Lossada padeció la prisión ilegítima durante cuatro años, entre distintas cárceles de Corrientes y el penal del barrio porteño de Villa Devoto.
Esta es la quinta sentencia que dicta el Tribunal correntino por delitos de lesa humanidad cometidos en territorio de esta provincia, pero es el primer juicio oral y público que juzgó la participación civil durante la dictadura.