La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó ayer a favor de la constitucionalidad de la reforma impulsada por el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura. De esta manera, el caso pasó a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que podría fallar entre hoy y mañana, según estimaron ayer fuentes judiciales.

“La elección popular prevista por la ley 26.855, así como el incremento de los escaños asignados a los miembros pertenecientes al ámbito académico y científico, vienen a reglamentar el artículo 114 de la Constitución de un modo más coherente con nuestro compromiso constitucional democrático y dando una respuesta adecuada a la demanda social de incrementar la participación ciudadana en los órganos de gobierno”, dijo la procuradora en su dictamen.

Gils Carbó, referente de la agrupación Justicia Legítima, que defendió la reforma kirchnerista, reivindicó de esta manera el aumento de 13 a 19 de los miembros del Consejo de la Magistratura.

La reforma fue declarada inconstituciona l la semana pasada por la jueza federal electoral porteña, María Servini de Cubría, que a nuló la convocatoria a elecciones de estos consejeros en las próximas primarias legislativas del 11 de agosto.

El kirchnerismo aumentó además el número de representantes académicos o científicos de uno a seis.

La procuradora sostuvo que el Gobierno, al reformar la ley del Consejo de la Magistratura, lo hizo “con el compromiso asumido con la ciudadanía, con el resguardo de la soberanía del pueblo, la democracia representativa y el consiguiente fortalecimiento de la participación ciudadana”.

Gils Cargó, además, expresó que la ley cuestionada en la Justicia es adecuada para lograr los fines de “ desalentar que intereses sectoriales o corporativos puedan prevalecer en la actuación del Consejo, al dejar sin efecto el voto calificado que regía anteriormente para la elección de los consejeros”.

La elección popular de los representantes de los jueces y abogados en el Consejo de la Magistratura se encuentra frenada por una veintena de medidas cautelares dictadas por distintos jueces en todo el país. Es en medio de acusaciones de la oposición de que, en verdad, la reforma judicial lo que busca es un mayor control de la justicia por pate del Poder Ejecutivo, sea a través de los cambios en el Consejo de la Magistratura como en el recorte a las cautelares.

El fallo de Servini fue el primero sobre el fondo de la cuestión pero al ser apelado por el Gobierno a través de un per saltum a la Corte Suprema no se encuentra vigente. Igualmente, ayer se conoció otro fallo de fondo contra la constitucionalidad de la reforma, esta vez dictado por el juez federal en lo Contencioso Administrativo Esteban Furnari (ver pág. 7).

“La voluntad del constituyente ha sido delegar en el Congreso de la Nación la determinación del sistema de elección de los miembros del Consejo, así como del número de representantes de cada uno de los estamentos que lo componen”, destacó la procuradora en su dictamen. Jueces y abogados se quejan de que ahora, según la reforma kirchnerista, deberán ir pegados a las boletas electorales de los partidos políticos si es que quieren representar a sus pares en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar y promover la destitución de los magistrados.

Si bien la Corte no tiene plazos para resolver el per saltum planteado por el Gobierno, se estima que habrá una decisión del máximo tribunal e ntre hoy y mañana. El fin de semana se reincorporó el juez Raúl Zaffaroni, quien se encontraba de viaje, con lo que el fallo llevará las firmas de los siete miembros de la Corte, aunque no está claro si será de manera unánime o con disidencias, según dijeron fuentes judiciales.