La denuncia guarda estrecha relación con la que realizó recientemente el senador (UCR) Mario Cimadevilla contra la propia Gils Carbó. Luego de la cual, el Fiscal Marijuán, imputó a la Procuradora por presuntos nombramientos ilícitos de fiscales. Ahora, la ONG pide que se investigue a quienes aceptaron dichos nombramientos, en función del art. 246 del Código Penal que establece: “Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo el que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente”.

 “La tarea iniciada por los ‘fiscales’ denunciados, podría estar consagrando la impunidad por nulidad, en las causas a su cargo. Tal podría ser el caso del Fiscal Gonella, que interviene en la causa por lavado que se sigue contra Lázaro Báez y otros”, indicó el abogado José Magioncalda.

La denuncia que él patrocina, por la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10 a cargo del Dr. Ercolini, bajo el nro. de causa: 3669/13. Sin embargo, se espera que el expediente tramite en el Juzgado del Dr. Casanello, quien entiende en la causa iniciada por el senador Mario Cimadevilla.

DENUNCIA CONDUCTAS TIPIFICADAS EN EL ART. 246, INC. 1) DEL CÓDIGO PENAL

JOSÉ LUCAS MAGIONCALDA, abogado, Tº 62 Fº 671 del CPACF, constituyendo domicilio en Lavalle 1773, 6º “C”, C.A.B.A., a V.S. me presento y respetuosamente digo:

I.-PERSONERÍA: Tal como se acreditará al tiempo de ratificar la presente denuncia, soy apoderado de CIUDADANOS LIBRES POR LA CALIDAD INSTITUCIONAL ASOCIACIÓN CIVIL, con domicilio en Lavalle 1773, 6º “C”, C.A.B.A., y siguiendo las instrucciones de mi mandante, vengo a manifestar lo siguiente:

II.- OBJETO: Que vengo a denunciar a los Doctores: 1) CARLOS GONELLA, 2) OMAR GABRIEL ORSI, 3) PEDRO BISCAY, 4) MARÍA MACARENA COMAS WELLS, 5) JUAN PEDRO ZONI, 6) MILTON KHASKI, 7) MARIEL DERMARDIROSSIAN, 8) ROMINA PZELLINSKY, 9) MARÍA LUISA PIQUÉ, 10) MARÍA PALOMA OCHOA, 11) JUAN PABLO TERMINIELLO, 12) MARÍA ALEJANDRA CORDONE ROSELLO, 13) RAQUEL E. MERCANTE, 14) NÉLIDA GRACIELA DEGRANGE, 15) MARCELO LUIS COLOMBO, 16) FABIÁN CÉLIZ, 17) SERGIO NÉSTOR MOLA, 18) JUAN PATRICIO MURRAY, 19) DANTE MARCELO VEGA, 20) PATRICIA NÉLIDA SANTONI, 21) CARLOS FACUNDO TROTTA, 22) MARIEL SUSANA DERMARDIROSSIAN, 23) DIEGO GUILLERMO STEHR, 24) SANTIAGO VISMARA, 25) JUAN MARTÍN GARCÍA, 26) MARIANO HERNÁN DOMÍNGUEZ, 27) JORGE GUSTAVO ONEL, 28) LUIS FERNANDO FORTICH, 29) PATRICIA QUIRNO COSTA, 30) MARIA MERCEDES MOGUILANSKY, 31) FEDERICO GUILLERMO REYNARES SOLARI, 32) CECILIA A. KELLY, 33) MARÍA JOSEFINA VARGAS, 34) MARCOS RUBÉN SILVAGNI, 35) JUAN MARTÍN JOSÉ GARCÍA, 36) ANIBAL FABIÁN MARTÍNEZ, 37) MIGUEL ÁNGEL PALAZZANI, 38) JOSÉ ALBERTO NEBBIA, y 39) MERCEDES SOIZA REILLY por la posible comisión del delito de usurpación de autoridad (art. 246, inc. 1º del Código Penal).

III.- HECHOS: En los últimos días, el Fiscal Federal Guillermo Marijuán imputó a la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El hecho que motivara dicha imputación, fue denunciado por el Senador (UCR) Mario Cimadevilla, en razón de que la mencionada funcionaria nombró un importante número de fiscales, vulnerando el procedimiento previsto por la legislación vigente.

Ahora bien, quienes han sido designados por un funcionario sin competencia para efectuar dichas designaciones, podrían estar incursos en el delito de usurpación de autoridad. En efecto, según el art. 246 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo: 1) El que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente; …”

De esta manera, siendo incompetente la Dra. Gils Carbó para efectuar las designaciones que se detallan en la presente denuncia, corresponde que V.S. investigue si los beneficiarios de dichas designaciones incurren en el delito de usurpación de autoridad.

Asimismo, cabe destacar que los funcionarios designados ilegalmente como fiscales, por su carácter de abogados, se encuentran en inmejorables condiciones para detectar si su nombramiento es contrario a derecho. No pareciera, en consecuencia, que los denunciados pudieran haber sido víctimas de alguna maniobra engañosa o que hubiesen pensado de buena fe que estaban obligados a ocupar los cargos que les asignara la Dra. Gils Carbó.