La innovación más destacable es la creación del Foro Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes como espacio de participación de niñas, niños y adolescentes elegidos democráticamente, con la finalidad de que puedan opinar sobre las decisiones que les conciernen y a ser escuchados por parte de las autoridades en la formulación de políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, cumpliendo con las exigencias de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de la Constitución Provincial y de la Ley 26.061, que consagran el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser oídos.

Ese espacio permitirá también que los niños, niñas y adolescentes se formen en ciudadanía, aprendiendo a defender y cumplir con sus responsabilidades en ambientes más democráticos.

Corrientes es una de la provincias en las que se concentra la mayor cantidad de niños y niñas institucionalizados, según un relevamiento realizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y UNICEF.

Ante casos de niñas, niños o adolescentes en riesgo, abandonados o marginados, los órganos encargados de proteger sus derechos optan preferentemente por internar a los chicos en “hogares” públicos o privados, apartándolos de la familia y la sociedad.

La normativa vigente en materia de niñez obliga a priorizar la permanencia de los niños y niñas en su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, y sólo en casos excepcionalísimos puede apelarse a la institucionalización y por el menor tiempo posible.

Sin embargo, en Corrientes hay niños y niñas que llevan en una institución un mínimo de entre 1 año y 2 años y medio, hasta niños que llevan 6 años institucionalizados, como se desprende de una investigación llevada a cabo por la UNNE que fue desarrollado por las investigadoras Dras. Nora Rosana Maciel y María Eugenia Sierra bajo la dirección de la Dra. Alba Bianchetti.

Esa situación es facilitada por la falta de legislación local que sistematice la política pública de protección integral respecto de la niñez, la adolescencia y la familia, a través de un conjunto articulado de acciones de la Provincia con los Municipios y las organizaciones civiles.

En el año 2007 el Superior Tribunal de Justicia solicitó al Poder Legislativo la sanción de una ley de procedimiento adecuatorio a la Ley Nacional Nº 26.061, a la que la Provincia se encuentra adherida.

Las Cámaras legislativas sancionaron en 2011 una ley en tal sentido, pero fue vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo, que al haber quedado sin tratamiento, fue archivado.

Ante los cuestionamientos de la sociedad en general en cuanto a la labor de los legisladores, se pretende dejar en claro qué cuestiones concretas fueron pensadas, propuestas y escritas.