Ramírez fue acusado por el Consejo de la Magistratura, tras la investigación de un episodio en el que el juez se habría conducido en forma indecorosa en la madrugada del 12 de mayo.

Según el denunciante, al retirarse de un evento junto a su hermana y sobrina, y pasar por la vereda frente al Juzgado de Instrucción, el magistrado comenzó a gritar improperios a las mujeres.

Al ser increpado, el juez se habría enojado y amenazado con llevarlo preso. Según consta en la denuncia, el magistrado se encontraba en estado de ebriedad. Se produjo un tumulto, hubo golpes, y luego de que alguien sacara un arma, el denunciante relató que fueron rescatados por unos muchachos en moto, tras lo cual dejaron asentado el hecho en la comisaría.

Ramírez negó la versión de los hechos y ofreció un relato diferente de la historia, en la cual resultó ser él mismo el agredido. Rechazó haber ingerido bebidas alcohólicas, y sostuvo que dos cabos se ofrecieron para acompañarlo hasta su domicilio, donde un hombre lo insultó.

El Consejo de la Magistratura entendió que la denuncia del Superior Tribunal de Justicia por la causal de mala conducta resultaba verosímil y su existencia estaba acreditada - en principio - con las declaraciones testimoniales y el reconocimiento del denunciado sobre aspectos relevantes.

Desde la última modificación de la Constitución provincial, en 2007, el Jurado de Enjuiciamiento- órgano creado en tal oportunidad - llevó adelante tres juicios políticos contra magistrados. En todos los casos la sentencia fue la destitución.

El Jurado de Enjuiciamiento es integrado cada dos años de la siguiente manera: un miembro del Superior Tribunal de Justicia, un juez y un abogado elegidos por sus pares, un profesor titular de la Facultad de Derecho, dos diputados de distintos partidos políticos y un senador.