Tras ser reelegido, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Rubín, salió a responder ayer a los sectores políticos que pretenden que se jubile y deje el cargo para dar lugar a una nueva disputa por la conducción judicial, en un contexto en el que desde la oposición provincial amenazan con avanzar con el proyecto de intervención federal.
Rubín fue reelegido en la presidencia del Superior Tribunal de Justicia para todo 2013 y, de esta manera, llega a su cuarta reelección al frente del alto tribunal.
Rubín, que viene de recibir el apoyo del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que actualmente la Justicia correntina “funciona normalmente” y rechazó la posibilidad de presentar su jubilación este contexto.“Voy a esperar a que las cosas vuelvan a la normalidad. Hay un pedido de intervención, de juicios políticos, hay turbulencia, pero acá estamos tranquilos. Se trabaja normalmente”, señaló en declaraciones a radio Continental.
El juez responde de esta manera al senador radical disidente José María Roldán, quien promueve en el Congreso el proyecto que dispone la intervención federal al Poder Judicial de Corrientes. Pero también a otros actores políticos que están detrás de esa idea, como lo son el exdiputado José Rodolfo Martínez Llano y Raúl Tato Romero Feris.
Roldán y Romero Feris tienen causas penales pendientes que resolver, mientras que Martínez Llano se vio salpicado por el caso del supuesto suicidio del empresario Hernán González Moreno, un joven de su entorno y cuya muerte desnudó una serie de irregularidades en el manejo del dinero público cuando todos los mencionados eran socios políticos del entonces gobernador Arturo Colombi.
Contra Rubín pesa un pedido de juicio político que persigue su destitución en la Cámara de Diputados, como también para sus colegas, los ministros del alto cuerpo judicial Guillermo Horacio Semhan y Juan Carlos Codello.
Los opositores quieren activar una negociación en la Legislatura con el oficialismo para que, a cambio de evitar la intervención se active ese proceso de enjuiciamiento, al tiempo que suman otro pedido para destituir al fiscal general, César Sotelo. Como esa estrategia desestabilizadora no avanza en las cámaras, así como tampoco por ahora el pedido de intervención, siguen presionando para que al menos Rubín deje su cargo con una jubilación.
Esta pretensión de negociar la cabeza del Poder Judicial está claramente plasmada en el proyecto de Roldán, cuando argumenta la necesidad de disponer una intervención. El senador menciona en su iniciativa que no prosperan los juicios políticos y que, por lo tanto, corresponde el llamado “remedio federal”.
Sobre las necesidades económicas y de funcionamiento que tiene el Poder Judicial, Rubín dijo ayer: “Me gustaría tener más medios, más juzgados, modernizar más aun el Poder Judicial, tener un Código Procesal nuevo, cambiar la manera de ser de nuestra provincia, informar a toda la sociedad cómo debe funcionar el Poder y su importancia dentro del Estado”.