la causa es una escasez de recursos que le provoca la nueva ley sobre la distribución de regalías petroleras, que generará la reducción de los beneficios que obtienen los estados productores de hidrocarburos. Cabral aseguró que también podría cancelar las Olimpiadas 2016. Es una fuerte negociación política que emprende Río contra los cambios en el sistema vigente.

El gobernador de Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), afirma desde el miércoles 07/11 que las nuevas reglas de distribución de regalías de petróleo aprobadas el martes 06/11 por la Cámara de Diputados federal va a imponer una pérdida millonaria en ingresos y cerrará las puertas a grandes competiciones mundiales, como los Juegos Olímpicos y el Mundial.

Dilma Rousseff informó que hará un exclusivo análisis del proyecto antes de decidir la promulgación o el veto oficial o el veto parcial. El gobernador de Rio afirmó que el proyecto que redistribuyó los valores que los entes de la federación reciben como compensación por daños ambientales de la explotación de petróleo inviabiliza las finanzas públicas y llevará a la bancarrota.

El gobierno de Río de Janeiro dejaría de recibir US$ 2.000 millones durante 2013 a causa de la nueva ley de regalías hidrocarburíferas brasilera.

El gobernador Sergio Cabral explicó que si la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no veta la ley, su gobierno provincial no tendrá recursos para la Copa del Mundo 2014 (tiene que reformar el estadio Maracaná, para que se juegue en ese lugar el último partido) y los Juegos Olímpicos 2016... a menos que el Estado federal se haga cargo de todos esos gastos.

El proyecto de ley en si genera un colapso en las finanzas públicas del estado de Río de Janeiro, en cuya plataforma submarina (donde se encuentra el llamado pre-sal), se encuentra casi toda la producción de petróleo de Brasil.

"Es absolutamente inviable. El estado de Río cierra las puertas, no hace las Olimpíadas, no hace el Mundial, no paga aumentos a empleados públicos, jubilados ni pensionados. En fin, sufre una conmoción", afirmó el gobernador Cabral, al llegar a la sede del Ministerio de Hacienda en Brasilia para discutir el nuevo cobro del ICMS interestatal (es un impuesto que grava las mercaderías que pasan de un estado al otro. Actualmente hay una franja de entre 4% y 7%, según las provincias y Dilma quiere unificarlo en 4%).

Considerado una derrota no solo para los estados productores, sino también para el gobierno federal, la nueva ley de regalías establece, en la práctica, que los estados productores pasarán a compartir con todos los municipios y gobierno estatales los recursos provenientes de la explotación petrolífera. Y además, que los municipios no productores pasarán a recibir compensaciones mayores que los municipios productores de petróleo.

La aprobación de la ley producirá que los estados productores de hidrocarburos bajen su participación de 26% a 20%, beneficiando a las provincias que no están vinculadas a la producción del petróleo.

El gobernador Cabral aseguró que “el Congreso no tuvo solidaridad federativa. Esta norma castiga nuestros ingresos al punto de perder hasta 2020 unos US$ 5.500 millones”.

Cabral le reclama a Dilma que vete la ley, y por eso sostuvo que “la Presidenta ya declaró que el gobierno central respeta los contratos. Y nuestras regalías fueron pactadas con antecedencia a esta ley. Tengo confianza en ella que es una demócrata”.

"Estoy absolutamente tranquilo. La Presidenta lo va a vetar. Lo anunció públicamente. El proyecto de ley es anticonstitucional", afirmó Cabral, recordando que Dilma se había comprometido a vetar el proyecto en el caso de que el mismo tratara de contratos ya firmados, de ingresos provenientes de campos de petróleos ya licitados.

"Hay dos cuestiones que se destacan. La primera es que cualquier cosa que invada lo ya contratado y licitado sería vetada. Otra es ignorar el artículo 20 de la Constitución, que prevé indemnización para los estados productores", agregó el gobernador.

Cabral evitó hablar de acudir a la Justicia contra el cambio y dijo que las decisiones serán tomadas “paso a paso”. El gobernador de Espírito Santo, Renato Casagrande, a su vez, dijo confiar en que el que el texto será vetado y amenazó con recurrir al Poder Judicial.