Pese a que los candidatos sí pueden debatir por TV (no como en la Argentina, donde se carece de cultura al respecto), y a que importantes políticos pueden ser condenados a prisión en juicios públicos, y gozar de políticas de Estado que van más allá de la coyuntura, Brasil sigue en una transición hacia una democracia sólida.

S. PAULO (CartaCapital). Las sesiones de la Cámara legislativa de la localidad Magé (Rio de Janeiro) reúnen más seguridad que concejales. En los gabinetes, plenarios y galerías, sujetos musculosos de anteojos de sol y cara de pocos amigos dominan todos los espacios. Es posible contar, en el estacionamiento de la Casa, en el barrio Tenis Clube, más de 10 autos blindados, con vidrios reforzados, conducidos por tipos de aspecto rudo, que salen quemando llantas con el auto y mirando a todos los lados, en un claro clima de tensión. No es porque sí tanta preocupación.

Magé, tierra del ex jugador 'Mané' Garrincha, ostenta el nada honorable título de campeona brasileña de la violencia política, con 9 políticos y familiares de ellos asesinados desde 1997. El caso más escandaloso, la entonces intendente por el PSDB, Lydia Menezes, fue torturada y asesinada de 3 disparos, en junio de 2002. Su vehículo llegó a ser incendiado. En la misma ciudad también fueron asesinados por hombres armados el concejal Alexândre Alcántara (PSC), su madre y el conductor. El entonces presidente de la Cámara, Genivaldo Ferreira Nogueira, 'el Batata', su papá, respondió al jurado como presunto autor intelectual, en 1998.

En abril de este año fue el turno del concejal Antonio Carlos Pereira (PMDB), alias 'el Tunico Pescador', quien fue ejecutado.

En 2006, murió Carlos Alberto do Carmo Souto, 'el Chuveirinho'. En su funeral, el entonces concejal Dejair Corrêa (PDT), ex policía que estaba armado, dijo que los colegas se preguntaban quién sería la próxima víctima. La respuesta llegó 1 año más tarde: él fue asesinado con disparos en la espalda, incapaz de usar la pistola de plata que siempre llevaba en la cintura.

Dominada durante 2 décadas por la familia Cozzolino, que tenía una alcalde, Nubia Cozzolino, sacada del cargo en 2010 bajo cargos de corrupción y dos secretarios con ella -uno de ellos, su hermano Charles-, la localidad Magé tiene, por primera vez, un intendente Nestor Vidal (PMDB), que no está relacionado al poderoso clan, acusado de participar en actos de violencia.

Líder aislado en el siniestro ranking, Magé, ciudad de 244.000 habitantes, a 50 km de la cpital fluminense es seguida de cerca por las paulistas Guarujá, en la costa; y Jandira, en el Gran São Paulo, con 5 asesinatos de políticos cada una.

En los casos más recientes, murieron en marzo de este año, el ex secretario municipal del gobierno de Guaruja, Ricardo Augusto Joaquim de Oliveira, del Partido Pátria Livre (PPL), ejecutado por 2 motociclistas, delante de decenas de testigos, durante una reunión de su partido. En diciembre de 2010, Jandira registró también el asesinato, practicado por 2 motociclistas, del intendente Walderi Braz Paschoalin (PDT), poco antes de dar una entrevista a una emisora de radio local.

Sobre la base de los informes de prensa y demandas judiciales, CartaCapital constató la muerte violenta de 72 políticos - casi todos de nivel municipal como intendentes, concejales y secretarios, y 6 parientes, entre 1983 y 2012. De acuerdo con los números, los estados de São Paulo, Río de Janeiro, Piauí y Alagoas fueron los más letales. En el estado más rico de la federación, fueron asesinados 21 gestores públicos, y 14 en Río de Janeiro, buena parte de estos en la violenta región da Baixada Fluminense.

En Piauí, el asesinato de 8 alcaldes en 10 años llevó a la creación de la Asociación de las Viudas de los ex intendentes asesinados, que presiona a las autoridades para resolver crímenes. Alagoas también registró 8 asesinatos.

Los niveles de resolución de crímenes son generalmente muy bajos y casi siempre se detienen en los asesinos, rara vez alcanzando a los mandantes.

En muchos casos, los principales sospechosos son otros rivales políticos, suplentes, y también empresarios con interés en las zonas sensibles (y lucrativas) de la administración pública como la recolección de basura, seguridad y alimentación.

Los delitos, típico de ejecución, ostentan, siempre, un modus operandi común, con 2 hombres en motocicletas potentes, rostros protegidos por cascos oscuros, trampa armada y disparos en áreas vitales como la cabeza y el pecho. Hay muertos de varios partidos, con predominio del PT, PSDB, PDT y PV. La razón de este fenómeno, dice la vice-coordinadora del Núcleo de Estudio de la Violencia (NEV), de la Universidad de São Paulo (USP), Nancy Cardia, es una mezcla entre los procesos violentos de ocupación de espacios políticos y seguridad de impunidad. "Las cifras son alarmantes y los crímenes ocurren en regiones ricas y pobres. Hasta la ocupación del viejo oeste americano era mínimamente más organizada y menos violenta que la política brasileña", dice ella.

El presidente de la Confederación Nacional de Municipios, Paulo Ziukoski, ex intendente de la localidad Mariana Pimentel (Rio Grande do Sul), considera que los intendentes están totalmente desprotegidos de la violencia política, a diferencia de los gobernadores y otros funcionarios que cuentan con los esquemas oficiales de seguridad. "El poder de los jefes del ejecutivo municipal es muy grande, así como los intereses que pueden ser contrarrestados. Los conflictos se agudizan en la esfera municipal y cuando el intendente va en contra de algunos intereses poderosos, puede estar seguro de que habrá represalias".

Para el politólogo y profesor de Insper, Humberto Dantas, la situación demuestra que, ni lejos, la democracia está consolidada en Brasil. "La violencia expone la debilidad expresiva de las instituciones formales. Creer en la fuerza, explorar aspectos culturales asociados a la ley violenta y forjada individualmente son característica de una sociedad que no entiende el verdadero significado del contrato social", argumenta.