Política
Jubilados maltratados: La Corte citó a Bossio

Jubilados maltratados: La Corte citó a Bossio
23/10/2012 | El titular del ANSeS, Diego Bossio, fue citado por la Corte Suprema para el próximo 6 de noviembre con el objetivo de que amplíe un informe sobre la situación económico-financiera del organismo. Esta citación se da en el marco del reclamo colectivo de reajuste de haberes de jubilados (si la Corte acepta la demanda colectiva, la ANSeS debería aplicar los ajustes ordenados a todos los casos).


 

 La Corte Suprema de Justicia citó para el próximo 6 de noviembre al titular del ANSES, Diego Bossio, para que amplíe un informe sobre la situación económico-financiera del organismo recaudador de fondos previsionales, previo a resolver un reclamo colectivo de reajuste de haberes de jubilados.

Así lo revelaron hoy fuentes judiciales, que precisaron que Bossio informará durante un acuerdo de los ministros de la Corte, y en forma privada, sobre la situación en que se encuentra la ANSES, en el marco de una acción judicial en la que el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, planteó un reajuste de haberes generalizado.

Bossio fue citado para las 11 de la mañana e intervendrá en el Acuerdo de la Corte, ampliando los términos de un voluminoso informe presentado en agosto pasado, a pedido del máximo tribunal, como paso previo a resolver sobre el reclamo de los jubilados y pensionados.

Se estima que durante la audiencia Bossio será interrogado sobre la falta de implementación de un sistema informático único de liquidaciones de reajustes, uno de los temas que demora la resolución de las causas, incluso aquellas en las que los jubilados obtuvieron fallo firme de la Corte.

Esta indagatoria se enmarca en un conflicto que viene desde hace años, a partir del 'Caso Badaro', luego del cual comenzaron a presentarse cada vez más juicios de jubilados en reclamo de actualización de sus haberes. Actualmente hay unos 500 mil juicios en trámite, lo que ha llevado al virtual colapso del fuero previsional, pues es imposible resolverlos al ritmo en que ingresan. A esto se agrega que la Anses solamente paga un pequeño porcentaje de las sentencias firmes, con lo cual va acumulando una deuda cada vez mayor en este sentido.

Esta situación ha llevado a la Defensoría del Pueblo a pedir que los criterios de la Corte se apliquen automáticamente a todos los jubilados -una 'acción colectiva'- para que el máximo tribunal dicte una sola sentencia que beneficie a todos los jubilados y que no se vean obligados a hacer juicio. Es en el marco de ese proceso que la Corte pidió hoy informes a la Anses. La demanda lleva 4 años.

La avalancha de juicios se debe a que el Gobierno, vía la ANSeS, no extiende a todos los jubilados la doctrina de la Corte Suprema en los casos Sánchez (1991-1995), Badaro (2002-2006), Gemelli (82% móvil para docentes) y tantos otros, y obliga a cada jubilado a iniciar un juicio individual. El Máximo Tribunal en varios fallos, como Badaro, se manifestó de manera categórica a favor de la movilidad salarial de las jubilaciones, pero sigue sin pronunciarse con relación a la demanda del Defensor del Pueblo que reclama que se extienda esas doctrinas a todos los jubilados.

¿Qué es el caso Badaro? En el año 2006, la Corte Suprema benefició a un jubilado que reclamó por la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos. Se trata de Adolfo Badaro, un ex conductor de buques que percibía más de $1000 de jubilación cuando estalló la convertibilidad. Desde ese momento y hasta diciembre de 2006, recibió un sólo aumento de 11%, contra una inflación del 91,2%, y una suba de los salarios de los trabajadores activos del 88,6%, según las estadísticas oficiales.

El máximo tribunal reconoció su derecho a una actualización de haberes que guarde relación con la evolución de los precios y de los sueldos de los trabajadores activos. En aquella oportunidad, ordenó el ajuste de la jubilación al 82% de la movilidad salarial.

Como esa resolución solo se aplica al jubilado Badaro, cada persona debe iniciar una causa en forma personal para que su haber sea actualizado según el fallo de la Corte y poder correr con la misma suerte.

El Gobierno alega que los fondos disponibles no bastan para afrontar obligaciones como las que crearía la generalización automática del fallo Badaro. Sin embargo, la legitimidad de dicho argumento se ve seriamente comprometida por la utilización arbitraria de los fondos previsionales para fines que nada tienen que ver con el servicio a los jubilados.

Ya en mayo 2011, la Corte había intimado a la Anses para que informe cuántos jubilados están reclamando ante el organismo por un ajuste del haber inicial, por movilidad o por cualquier otro motivo; además del grado de demora en pagar los fallos judiciales, y cuál es el presupuesto que destinará para cancelar esas deudas (ver notas relacionadas).