Japón y USA se unieron a la Unión Europea (UE) y plantearon procesos de disputa en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la Argentina, a la que acusan de imponer restricciones comerciales a través del sistema de licencias no automáticas para la importación.

Ambos países afirmaron, al plantear consultas con la Argentina, que este sistema "restringe la importaciones de bienes y discrimina entre mercancías importadas y domésticas", lo que va en contra de los compromisos del país como miembro de la OMC, según dijeron fuentes diplomáticas.

La solicitud de consultas es el primer paso en el mecanismo de solución de disputas en el marco de la OMC y pone en marcha un proceso que puede demorarse años hasta su solución final. Se abre ahora un plazo de 60 días para que las partes intenten solucionar sus diferencias, al término del cual, si no hay acuerdo, los demandantes tienen la opción de solicitar en la OMC la constitución de un panel de expertos que arbitre en la disputa.

La queja de Japón y USA, al igual que la de Bruselas, tiene que ver con las supuestas medidas proteccionistas que la Argentina aplica desde 2008 a la importación de productos como tractores, neumáticos, piezas de recambio, juguetes, calzado, computadoras, papel, artículos para el hogar o textiles.

Esas restricciones, impuestas en forma de licencias para la importación, son denunciadas desde hace años por varios países, que el pasado 30 de marzo emitieron una declaración conjunta en Ginebra acusando a Argentina de dificultar gravemente el libre comercio. También criticaron la obligación de registrar previamente todas las importaciones para poder conseguir una aprobación.

Las normas de la OMC que regulan la emisión de licencias no obligatorias establecen que se deben procesar en un plazo de 60 días, pero los países denunciantes señalaron que en la práctica ese periodo llega a demorarse hasta seis meses.

El Gobierno rechazó la acusación y la considera carente de objetividad y motivada políticamente. Además, denunció a la Unión Europea por las restricciones impuestas a la importación de biodiésel argentino tras la reestatización de YPF.