El canciller Héctor Timerman redobló el domingo (12/08) en una entrevista con el diario oficialita Tiempo Argentino, la ofensiva diplomática por las obras de dragado del canal Martín García al pedir que Uruguay brinde explicaciones por el presunto intento de soborno de la empresa Riovía, pero también quiere el desplazamiento del embajador Bustillo de la CARP y su declaración en las causas abiertas en la justicia argentina.

Por su parte, el gobierno de José Mujica aguardaría ahora una comunicación telefónica entre los presidentes de ambos país para destrabar el conflicto, algo que Mujica esperaba empezar a resolver en la última cumbre del Mercosur realizada en Brasilia pero de la cual se fue con las manos vacías y a partir de allí dio la orden de mantener silencio sobre la cuestión del dragado.

Ahora el dilema de Pepe es si hay espacio para hacer otra concesión al Gobierno de Cristina, cuya relación ha privilegiado en varias oportunidades con magros beneficios, y entregar al diplomático que además tiene una causa abierta en nuestro país, como recordó Timerman.

Según el canciller argentino, el gobierno está listo “para firmar el dragado desde mayo, lo sabe el gobierno uruguayo”. Pero un informe del Tribunal de Cuentas de Uruguay expresó “dudas” acerca de presuntas irregularidades luego de que un embajador uruguayo denunciara un presunto intento de soborno de la empresa Riovía, subsidiaria de la holandesa Boskalis, para seguir a cargo de las obras de dragado.

Por eso, Timerman dijo el domingo que “yo no puedo firmar un contrato para llevar adelante una obra y que en medio de la ejecución del contrato aparezca una condena a la empresa a la que le adjudiqué la obra”.

“A partir de que nosotros informamos que estábamos listos para firmar, empezaron a filtrarse todas estas denuncias, que según el gobierno uruguayo son denuncias que no se pueden llevar a la justicia. Entonces no queda claro”, agregó Timerman.