Por Luis Orea Campos
Sorprendentemente a continuación el comunicado enumeraba una serie de deficiencias ampliamente suficientes para justificar una intervención aseverando que “no las desconoce”. Gracias muchachos, pero no nos apoyen más, podrían decir los miembros del Superior Tribunal.
"El Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial no desconoce – dice la nota – que el sistema judicial correntino atraviesa un grave momento, que se encuentra colapsado, con profundas y preocupantes falencias en su funcionamiento e infraestructura, con alta morosidad y retardo en la aplicación de la justicia, todo lo cual se traduce en una sensación de descreimiento por parte de la comunidad, de denegación de justicia y de inaccesibilidad".
No dicen que hace el Colegio para mejorar esta situación y las distintas pequeñas vejaciones a que son sometidos casi cotidianamente los profesionales, quienes dicho sea de paso también colaboran porque antes de exigir a su Colegio más eficacia prefieren hacerle caso al Martín Fierro: “Hacete amigo del juez...”.
Lo cierto es que una intervención nada solucionaría porque el problema es estructural. Los ejecutivos son reacios a nombrar jueces independientes que puedan complicar la “gobernabilidad”, en buen romance debe entenderse “que puedan investigar casos de corrupción o dictar sentencias millonarias contra el Estado provocadas por la ineficiencia o el capricho de los funcionarios”.
Además en foros chicos las relaciones son las que marcan el compás, las cámaras de apelaciones o el tribunal superior muchas veces revocan o confirman un fallo de acuerdo a la empatía con el juez a quo o la antipatía con el abogado, porque como se sabe siempre hay dos bibliotecas para todos los casos.
También en ciertos casos hay entre abogados y jueces líneas subterráneas que deciden el resultado final del litigio. Resulta entonces que este estado de las cosas favorece la morosidad y la mala fe, ya que los juicios demoran siglos, para no hablar de los juicios contra el Estado que se ha convertido en una verdadera industria pero al revés que favorece los atropellos de la Administración total siempre hay a mano la posibilidad de una consolidación cuando la cosa no da para más.
Esta falencia judicial tiene severas consecuencias en el funcionamiento de la sociedad que en general no alcanza a comprender la dimensión de los daños que provoca una deficiente administración de justicia.
El impago y la retención ilegal son más negocio que la conducta lícita y todo eso incide directamente en la vitalidad del comercio ya que los canales normales quedan obstruidos por la lentitud de la justicia. Se fomentan hábitos malsanos, el tráfico jurídico se ve trabado, a lo que se suman las medidas restrictivas e inconstitucionales que impunemente a veces dictan los gobiernos invadiendo el poder judicial.
Como si fuera poco, a eso se agrega la superproducción de abogados que lanza la universidad a la vida laboral. Muchos salen si haber alcanzado a comprender el derecho, lo que no sería tan preocupante si no fuera porque ante el fracaso en la profesión varios de ellos terminan siendo jueces o profesores universitarios para difuminar más ignorancia e injusticia.
Nunca como ahora la Justicia es sólo una aspiración, un ansia nunca satisfecha, un objeto de deseo, una meta inalcanzable, como lo admitió elegantemente el mismo presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti: "La Justicia es lenta y está desactualizada" (...) "El Poder Judicial tiene que tener una gestión como el sector privado y debemos cambiar los procedimientos: tiene que ser oral, rápido, y que los tribunales estén más cerca de la gente".
Que así sea Dr. Lorenzetti, porque en verdad la justicia en la Argentina ya no es lenta, anda en silla de ruedas.