La denuncia realizada por la Asociación de Usuarios y Consumidores a fines de mayo contra las siete empresas del transporte urbano de pasajeros por supuestas irregularidades en el pago de los aportes previsionales, fue ratificada ayer en el Juzgado Federal de Corrientes. En la ampliatoria, el presidente del ente denunciaste, Nelson Fernando Veas Oyarzo, responsabilizó al intendente Carlos Mauricio Camau Espínola y a funcionarios y concejales, informaron fuentes vinculadas con el caso al diario La República.
El pasado 31 de mayo, siete empresas del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Corrientes fueron denunciadas por la Asociación de Usuarios y Consumidores (AUC) en la Justicia Federal, por incumplimiento de las obligaciones en el pago de los aportes y contribuciones previsionales.
Las empresas denunciadas son Estrella del Norte (línea 101); Ersa Urbano (líneas 106 y 102); El Tigre (línea 103); Matysud (línea 104); San Lorenzo (línea 105); Cosa (línea 108) y Turismo Miramar (línea 110).
Pero Veas Oyarzo amplió ayer su presentación y responsabilizó también tanto a Camau Espínola, como al subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Gustavo Larrea; concejales; miembros de la Comisión Mixta del Transporte, integrantes de la Cámara de Empresarios del Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc) y al secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Rubén Suárez.
“Ellos son los que deberían velar por el cumplimiento de las normas que respaldan a los trabajadores y garantizar el control a todos los servicios públicos”, dijo el presidente de la AUC y anticipó que también podrían pedir explicaciones por la falta de controles al secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos.
La presentación actual amplía una denuncia realizada en agosto de 2008 y ratificada en abril de 2010, cuando ya se advirtieron irregularidades en el pago de los aportes en los términos del artículo 174 del Código Penal.
Un muestreo con 25 choferes por línea –que se presentó como prueba en la Justicia Federal– indica que casi el 90 por ciento de los trabajadores no habría realizado aportes en el período que consta desde abril de 2011 y marzo de 2012.
El denunciante reiteró en la Secretaría Penal que los aportes de seguridad social, obra social y contribución patronal de la obra social se encuentran “impagos” durante los últimos 11 meses anteriores a marzo de 2012.
Mientras, los subsidios que llegan de la Nación siguen superando los 5,2 millones de pesos y Espínola aceleró la aplicación del tercer aumento de tarifas en lo que va de su gestión. En esta oportunidad incrementó en un 35 por ciento el costo del boleto, que hoy tiene un valor de 2,70 pesos.
La AUC pidió a la Justicia que inicie una investigación a fin de corroborar el supuesto incumplimiento de normas encuadradas en los artículos 248, 292 y 293 del Código Penal; el artículo 8 del decreto 652/02, el artículo 3 de la Secretaría de Transporte de la Nación y el artículo 9 del Régimen Penal Tributario y Previsional que establece prisión de dos a seis años al empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez (10) días hábiles de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes.
“Nosotros nunca supimos en qué se basaron los concejales para aprobar el último aumento del boleto de colectivos, no conocemos ese expediente”, remarcó el titular de la AUC. En tanto, tras escuchar la ampliatoria de Veas Oyarzo, la Justicia Federal libró un oficio a la Municipalidad para que informe sobre la conformación de la Comisión Mixta del Transporte, miembros y detalles de las últimas reuniones.