Los abogados de Iñaki Urdangarin, yerno del rey de España, y su exsocio Diego Torres, imputados en un caso de corrupción, pidieron de manera informal a la Fiscalía mantener conversaciones sobre un posible acuerdo para eludir la cárcel, dijeron fuentes del ministerio público.

De acuerdo con las fuentes consultadas, aún no se ha producido ninguna reunión en ese sentido.

Tanto el letrado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, como el de su exsocio Diego Torres, Manuel González Peeters, han protagonizado conversaciones informales en los pasillos de los juzgados con representantes de la Fiscalía Anticorrupción en el sentido de llegar a un posible pacto, añadieron.

Urdangarin y su exsocio están imputados en una pieza separada del gran caso de corrupción conocido como Palma Arena, en relación al supuesto uso irregular de fondos públicos por el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que presidió el yerno del rey.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Urdangarin y su ex socio recibieron a través de Nóos casi seis millones de euros (cerca de ocho millones de dólares) entre 2004 y 2007 gracias a contratos con varias administraciones públicas, sobre todo de los Gobiernos regionales de Baleares y Valencia.

El acuerdo pasaría, según lo comunicado por los letrados al fiscal, por reconocer los delitos investigados, devolver la cantidad presuntamente malversada y aceptar una pena de prisión de dos años o menor para evitar el ingreso en la cárcel.

Los fiscales anticorrupción no han mantenido aún ninguna reunión formal con los abogados, ni les han ofrecido nada para un posible pacto, en espera de conocer los términos concretos del mismo.

El abogado de Diego Torres dijo hoy a Efe que nunca ha ofrecido pacto alguno a la Fiscalía Anticorrupción, pero no quiso precisar si sopesa con su cliente esa posibilidad.

"Yo no he tenido ninguna reunión con la Fiscalía", afirmó Manuel González Peeters.

Varios periódicos españoles informaron este martes que los dos abogados se habrían planteado ofrecer a la Fiscalía la posibilidad de admitir los delitos a cambio de una condena inferior a los dos años, lo que permitiría a sus defendidos no ingresar en prisión.

Los diarios coinciden en que los dos imputados sopesan admitir los delitos a cambio de una condena inferior a los dos años, lo que les permitiría no ingresar en prisión, e implica el pago de unos 3,5 millones de euros, por los daños causados a la Administración.

De acuerdo con el diario "El País", el "principal escollo" para firmar el acuerdo es determinar "quién de los dos debe asumir la mayor parte del desembolso".

Urdangarin está imputado en los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación.

Durante su declaración ante el juez el pasado febrero, el duque de Palma negó todas las acusaciones que pesan sobre él acerca de las supuestas irregularidades y dijo desconocer que formaran una trama para desviar fondos a paraísos fiscales, como cree la Fiscalía.

El juez decidió por el momento no imputar a la infanta Cristina, esposa de Urdangarin e hija del Rey de España, en este caso
1 de mayo de 2012 09:59