Por Facundo F. Barrio

Crece el escándalo del "narco-Estado" en Venezuela

¿Sin fuerza?. Según el juez Aponte, Chávez lidera un gobierno que tiene nexos con narcotraficantes.

Se hunde y quiere llevarse consigo a quienes le soltaron la mano. El destituido juez venezolano Eladio Aponte Aponte, otrora hombre del chavismo en el Poder Judicial, generó un ataque de nervios en el gobierno de Hugo Chávez al involucrar a altos funcionarios civiles y militares en casos de connivencia con el narco. Aponte fue apartado de su cargo de magistrado del Tribunal Supremo por colaborar con un narcotraficante. Despechado, huyó a los Estados Unidos y ofreció su explosivo testimonio a la Drug Enforcement Administration (DEA).

Las declaraciones del “arrepentido” del chavismo ofrecen argumentos inesperados a especialistas y políticos que desde hace tiempo denuncian la existencia de un incipiente “narco-Estado” en Venezuela. El término comenzó a utilizarse en los años ochenta para Colombia, y designa a aquellos países cuyas instituciones gubernamentales hayan sido influenciadas en gran medida por las redes de tráfico de drogas. Si las revelaciones de Aponte son ciertas, ese podría ser el caso de Venezuela.

Desde el gobierno venezolano acusaron al ex juez de “vender su alma al diablo”, y criticaron a la DEA por “conspirar para desestabilizar a países soberanos”. Pero la bomba que detonó Aponte despertó real preocupación en círculos oficiales, al punto de que dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se reunirán pasado mañana para definir una estrategia contra lo que consideran una “campaña de descalificación” en perjuicio de los funcionarios chavistas.

En su condición de testigo protegido de la DEA, Aponte ofreció una entrevista al canal Soi TV en la que no negó haber firmado un carnet judicial para el empresario venezolano de origen sirio Walid Makled –preso por tráfico de drogas–, razón por la cual la Asamblea Nacional lo destituyó de su cargo. Tras esa confesión inicial, el ex magistrado apuntó con nombre y apellido a destacados miembros del gobierno que habrían colaborado con el narco.

Entre otras cosas, el ex juez corroboró la existencia de una banda de jueces y fiscales que tienen nexos con los carteles de la droga, y que hace seis años otro magistrado, Luis Velásquez Alvaray, ya había bautizado como la “Banda de los Enanos”. Según Aponte, esos funcionarios actúan como intermediarios ante el gobierno cuando los narcos necesitan algún favor judicial.

Aponte también aseguró que tiene pruebas de que miembros del gobierno mantienen relaciones con el tráfico de drogas. Cuando se le preguntó si podía mostrar la evidencia, respondió que “ahorita no la tengo”. Pero se despachó con una descripción pormenorizada de un caso en el que involucró desde al ex ministro de Defensa hasta los secretarios privados de Chávez.

“Sólo recuerdo un caso en el que favorecí al narcotráfico”, comenzó Aponte. El ex juez y fiscal militar relató que en una oportunidad lo llamaron “desde la Presidencia de la República para abajo” para pedirle que emitiera una cautelar a favor de un subalterno del “comandante Magino”, quien habría sido edecán de la madre de Chávez. El oficial había sido descubierto mientras resguardaba un cargamento de cocaína que venía de Colombia en un cuartel del Ejército.

“Me llamó el ministro de Defensa, que para entonces era Raúl Baduel. Me llamó (el director de la Dirección de Inteligencia Militar) Carvajal. Me llamó (el actual ministro de Defensa) Henry Rangel Silva. Me llamó el almirante Aguirre. Mucha gente abogó por aquel señor”, aseguró Aponte. “También me llamó uno de los secretarios o de los allegados de la Presidencia de la República, creo que Morales –continuó–. Me decían que ése era un buen muchacho, que el Presidente estaba muy interesado en el caso”.

En otro pasaje del reportaje, el ex magistrado señaló al poderoso general Clíver Alcalá y al director de la Oficina Nacional Antidroga, Néstor Reverol, como los “zares de la droga” en Venezuela.

Según medios estadounidenses, Aponte acusó a Rangel Silva y a Alcalá ante la DEA de presunta colaboración con las FARC en el tráfico de drogas y de armas. Una acusación que curiosamente coincide con lo que la agencia norteamericana señala desde hace meses.