La solicitud del empresariado de un nuevo aumento para la tarifa plana del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Corrientes despertó el descontento de los usuarios y el rechazo se amplifica a otros sectores políticos, sociales y estudiantiles que se organizan para volver a marchar y juntan firmas en repudio al incremento del boleto.
Desde el bloque opositor, que integran concejales de la UCR, el Partido Popular y Libres del Sur, el concejal por el radicalismo Eduardo Tassano no descartó que se promueva su tratamiento en la sesión de esta semana, aunque el expediente sigue siendo estudiado en las comisiones de Obras, Hacienda y Legislación.
“El oficialismo está con ese tema, por eso trabajamos con los vecinos para oponernos y para que se manifieste la voluntad popular”, señaló Tassano a Cadena de Radios, y ubicó el aumento del boleto en el marco de un panorama nacional en el que la situación económica está en riesgo si se tiene en cuenta la inflación y el desabastecimiento de productos.
“Lo vemos a diario cuando vamos al supermercado, hay desabastecimiento, incremento del gasto público sin beneficios para la gente, inflación. Estas son las causas, es un problema de fondo”, destacó el concejal.
El valor actual del boleto de colectivos es de 2 pesos para el pago con monedas y 1,90 para el abono con tarjetas sin contacto. Cabe recordar que la Cámara de Empresarios del Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc) pidió en marzo que el Concejo Deliberante autorice una suba a 3,56 pesos.
Tras la presentación, el oficialismo conformó con celeridad la Comisión Mixta del Transporte y días después fue enviado el informe al intendente Camau Espínola, con una propuesta de aumento a $ 2,90, que implica un ajuste del 45 por ciento y es avalado por la Subsecretaría de Transporte. En tanto que el concejal del Frente para la Victoria Juan José Gálvez estimó que Espínola podría aprobar finalmente una tarifa de $ 2,50 o $ 2,60.

Tragedia en la obra
Desde el oficialismo dejaron entrever que el aumento del boleto sería aprobado recién en la última semana de abril o principios de mayo, en virtud de la premura por avanzar en proyectos tendientes a regularizar las obras particulares en la ciudad, luego del luctuoso episodio que se cobró la vida de ocho obreros el pasado 22 de marzo. En la sesión del jueves ingresaría el proyecto con modificaciones del concejal Agustín Payes para incrementar las multas a infractores. El expediente incorporará ítems que habilitarán al municipio para realizar demoliciones, pese a que desde la oposición aseguran que el Municipio ya está facultado para actuar en ese sentido a partir del artículo 225 inciso 10 de la Constitución provincial y el artículo 43 inciso 29 de la Carta Orgánica.
Apoyado en esas normas, el concejal Gabriel Romero (FAP) fundamentó en la última sesión el proyecto por el cual solicitaron la promoción de un sumario administrativo en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y las dirección General de Control Urbano y de Obras Particulares, pero fue rechazado por voto de la mayoría oficialista. El jueves ingresarían también proyectos sobre alimentos, protección de los residuos patológicos, reglamentación de panaderías y control de las ventas de pan.