En una multitudinaria rueda de prensa, a la que incluso acudieron periodistas de otros países europeos, el Gobierno español anunció un ajuste de € 27.300 millones entre un menor gasto, mayores ingresos y una reducción de las transferencias a las comunidades autónomas.

Ingresos

El objetivo es aflorar capital que ahora está oculto a los ojos de Hacienda por más de € 25.000 millones. Es decir, nada menos que el 2,5% del PIB. ¿Mucho o poco? En todo caso, apenas el 10% del ajuste fiscal que necesita el Gobierno para cumplir la senda de consolidación fiscal. Nada menos que € 27.300 millones. Un cantidad que incluso es mayor en términos estructurales debido a que la economía estará en recesión buena parte del año. Y sin actividad económica, los ingresos se resienten.

O dicho en otros términos. Hacienda hará la vista gorda con aquellos contribuyentes que disponen de dinero no declarado a cambio de que paguen un 10% al Fisco. Pero cuando se trate de sociedades con filiales en el extranjero, permitirá repatriar capitales si pagan previamente un 8% de esos beneficios depositados actualmente en cualquier territorio de baja tributación.

En un momento de fuerte crispación social por la reforma laboral y los recortes sociales, la más sorprendente de las medidas desveladas por el titular de Hacienda fue una de carácter "excepcional para incentivar la tributación de las rentas no declaradas" con la que pretenden recaudar unos € 2.500 millones.

En vísperas de aprobar un nuevo paquete de medidas para luchar contra el fraude, el Gobierno se cuidó mucho de hablar de amnistía fiscal aunque la medida funcionará de facto como tal, imponiendo una tributación del 10% a los capitales ocultos aflorados y un gravamen especial del 8% para la repatriación de dividendos, todo con la idea de apoyar la consecución del objetivo del 5,3% de déficit público negociado con Bruselas.

"El objetivo del 5,3% es irrenunciable", afirmaron en varias ocasiones el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.

Para lograr la consabida meta, además de una subida del impuesto del tabaco con el que pretende recaudar € 150 millones adicionales, Montoro anunció una serie de modificaciones en el impuesto de sociedades, fundamentalmente con la eliminación de deducciones, que proyectan una recaudación total de € 19.564 millones en 2012, casi € 3.000 millones más que en 2011, pese a la crisis.

Con la amenaza de una inminente recesión, el nuevo presupuesto incluye diversas modificaciones del impuesto de sociedades, algunas con carácter temporal y otras permanentes, con las que prevé lograr unos ingresos de € 5.350 millones y paliar así la prevista caída de ingresos por la crisis económica.

En total, teniendo en cuenta el aumento del IRPF aprobado a principios de año, el Estado aumentaría este año los ingresos tributarios en € 12.314 millones. Además, para optimizar la recaudación, el Gobierno pretende aprobar en el próximo consejo de ministros un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal.

"Son medidas extraordinarias en una situación extraordinaria", dijo el titular de Hacienda después de que su Gobierno afrontase la víspera una huelga general con masivas manifestaciones en las calles en contra de la reforma laboral y los recortes.

Recorte

El Gobierno está obligado a actuar tanto sobre el gasto como sobre los ingresos para cumplir con Bruselas (situar el déficit del conjunto de las AAPP en el 5,3% este año). Y al final ha repartido casi al 50% ese esfuerzo.

Según sus estimaciones, el recorte del gasto no financiero del Estado será del 9,6%, lo que supone un ‘tijeretazo’ equivalente a € 12.900 millones que saldrán, fundamentalmente, de las inversiones (con una caída del 19,6%) y las transferencias de capital, el dinero que da el Estado al sector público (sociedades mercantiles y todo tipo de entes) para gastar. El recorte, en este caso, será del 46%, lo que pondrá en peligro la supervivencia de un buen número de programas de gastos.

No son, desde luego, las únicas partidas. El ajuste alcanza a las políticas activas de empleo (€1.500 millones), Defensa (€351 millones), Vivienda (€322 millones) o Educación (€530 millones), aunque no se tocan las becas. No hay partida que se salve del 'hachazo'. Sólo las pensiones, el gasto en desempleo y el servicio de la deuda, al que se destinarán cerca de €30.000 millones.