Dado que los municipios reciben en promedio, el 13% de los giros coparticipados a provincias, las intendencias contarían con $2.400 millones menos en 2012. Si bien no hay datos actualizados a nivel municipal, la pérdida representaría el 7% de la coparticipación municipal y el 3% de los recursos anuales, ambas cifras estimadas en forma previa a la reforma.
 

(Economía & Regiones). La Ley de Financiamiento Educativo (LFE en adelante) fue sancionada en Diciembre de 2005, y tuvo como principal objetivo incrementar la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del Gobierno Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En términos cuantitativos, se proponía elevar progresivamente la participación del Gasto Público Consolidado en Educación en el PIB, hasta alcanzar la meta del 6% en 2010, partiendo del 4.6% alcanzado en 2005.

(Mientras que el financiamiento de recursos adicionales tenía una relación 60%/40% a expensas de las provincias, al momento de la sanción de la LFE, las participaciones relativas en el Gasto Educativo eran 73%/27%, respectivamente. Al mantenerse inalterada la estructura de financiamiento vigente a 2005, las provincias debieron aportar una mayor proporción de recursos para cumplir con la ley, ascendiendo dicho porcentaje al 69% como promedio para el período 2005/10).

Al margen de las consideraciones que se puedan hacer sobre el impacto que ha tenido la Ley en términos de mejoras en la calidad del sistema educativo, se debe decir que las metas cuantitativos fijadas en la LFE no sólo fueron alcanzados, sino sobre-cumplidos, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Educación de la Nación.

Asimismo, en la Ley se determinaban los esfuerzos relativos que debían hacer ambos niveles de gobierno para alcanzar los aumentos progresivos en el Gasto Educativo: de acuerdo a los artículos 4º y 5º, la Nación debía aportar el 40% de los recursos adicionales en forma anual, quedando el restante 60% en manos de los Gobiernos Subnacionales.

Para este fin, se creó una afectación específica de recursos coparticipables para garantizar el financiamiento automático de la parte correspondiente a las provincias, evitando que la misma quede a merced de la discrecionalidad de las Administraciones Provinciales. Cabe señalar que la parte afectada correspondía únicamente a los recursos adicionales necesarios para ampliar la participación en el PIB, ya que de afectarse la totalidad del Gasto en Educación de hubiera absorbido, a modo de ejemplo, más del 50% del flujo anual coparticipado en 2010.

El artículo 7º fijaba un plazo de cinco años para dicha afectación de recursos (2006/2010), de modo que a partir del 31 de diciembre de 2010 (una vez alcanzada la meta del 6%), las provincias recuperaban la libre disponibilidad de dichos recursos, lo cual efectivamente se llevó a cabo durante 2011.

Si bien en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2012 no estaba incluido, al momento de sancionar la Ley se introdujo un nuevo artículo2 a partir del cual la LFE recupera su vigencia a lo largo del ejercicio fiscal 2012, y es en este punto donde surge la problemática financiera para las Provincias y para los municipios, en particular, ya que ambos niveles de Gobierno elaboraron sus pautas presupuestarias anuales (tanto en términos de recursos como gastos), sin contemplar esta afectación y detracción, respectivamente, en sus ingresos coparticipados.

Para estimar la afectación (en el caso de las Provincias) y la pérdida de recursos (para los municipios) que afrontarían los gobiernos subnacionales en 2012, se debe calcular en primera instancia el monto total de recursos que serán destinados a financiar la asignación específica de la LFE, en este caso para mantener el ratio del 6% del gasto destinado exclusivamente a la finalidad educación.

Dado que en 2011 la LFE no tuvo vigencia, no se cuentan con datos desagregados de ejecución del Gasto Educativo, para lo cual estimamos su evolución a partir de los datos de cierre 2010, asumiendo que el incremento fue destinado a mantener la participación en el 6% (del cual el 4.2% es financiado por las provincias), en lugar del 6.2% alcanzado en 2010.

De este modo, el gasto consolidado debería haber seguido una dinámica de crecimiento algo inferior a la del PIB (18% vs 23%, respectivamente), equivalente a un gasto adicional combinado de $16.443 millones, y ubicando el gasto consolidado en $106.301 millones.