El ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, destacó ayer la decisión del Gobierno provincial de pagar las deudas por juicios perdidos que tiene la Provincia, a partir de la recuperación económica que dejó atrás un pasado en el que las obligaciones eran esquivadas con leyes de emergencia económica por las sucesivas etapas del déficit fiscal.
“Esto es el resultado de una clara instrucción del gobernador Ricardo Colombi, vinculada con la recuperación de credibilidad”, dijo Vaz Torres. El funcionario consideró que “el Estado, para ser tal, tiene que ser solvente, y para ello tiene que echar lastre sobre todas las contingencias judiciales. Precisamente porque el primer responsable de la construcción de la solvencia del Estado es el poder administrador”.
“Cuando decimos –agregó– que este Gobierno provincial está desendeudando a Corrientes y, por ende a los correntinos, no hablamos solo de la deuda pública consolidada, hablamos de la deuda con proveedores, de los compromisos cotidianos y también de este tipo de deudas que el Estado debe regularizar”. El Estado tiene reclamos judiciales que se traducen en el pago de sumas de dinero a distintos actores que obtuvieron sentencias firmes; situación ante la cual se explicó que la Provincia no pagaba masivamente desde hacía muchas gestiones de gobierno. Durante la administración de Ricardo Colombi, con la aprobación del Presupuesto 2011, se incluyeron todas estas deudas históricas y se llega así a la cancelación de la totalidad de las deudas reconocidas por sentencias judiciales firmes a 2010.
Se trata de sentencias de todo tipo de reclamos contra el Estado provincial; es decir, desde accidentes de tránsito, mala praxis médica, diferencias salariales, entre otras, tanto por parte de los administrados como de particulares que tienen alguna contingencia con bienes o hechos que hacen a la responsabilidad del Estado provincial. Del mismo modo, las órdenes judiciales que indican al Ejecutivo por ejemplo el reintegro de un agente en sus funciones se cumplen inmediatamente; se reciben las órdenes judiciales y el Poder Ejecutivo dispone su cumplimiento, aseguraron. Si bien se trata de más de 900 sentencias cumplidas, el número de personas favorecidas con el cumplimiento de las sentencias es mucho mayor, teniendo en cuenta que hay causas judiciales en que hay muchos actores.
De acuerdo con las estadísticas obrantes en las áreas legales, durante la actual gestión de Gobierno se generaron menos juicios que en otras anteriores y se nota “un menor nivel de conflictividad”. “Obviamente que la baja litigiosidad tiene que ver con la sincronización y ordenamiento administrativo; que es lo que estamos optimizando”, puntualizó el ministro de Hacienda. Vaz Torres explicó en este punto que “los honorarios y los intereses que se aplican en cuestiones judiciales son muy altos, son los más desfavorables; por eso es mejor pararlos antes”. Expresó que “las deudas por contingencias judiciales son las más caras que puede afrontar el Estado, por su naturaleza litigiosa, sus altos costos causídicos y su imprevisibilidad en los plazos”. “Evitar la litigiosidad de modo preventivo es el mecanismo más eficiente para no comprometer el futuro de las cuentas públicas y consolidar un Estado solvente”, remarcó.
El cumplimiento estricto de las sentencias, aún cuando sean desfavorables, coloca al Poder Ejecutivo ante los otros poderes, con un nivel de credibilidad que no tuvo antes. “Hoy el Poder Judicial de la Provincia sabe que las órdenes judiciales se cumplen”, remarcó el ministro.