El Estado provincial pagará la totalidad de las deudas con acreedores que ganaron sentencias judiciales hasta 2010, en una decisión política alentada por la solvencia fiscal del gobierno de Ricardo Colombi.
Entre los juicios que perdió la Provincia en las últimas décadas, se encuentra una causa que tuvo más de 50 años de trámite judicial por una expropiación mal realizada y la multimillonaria acreencia que generó en contra del Estado, también recién ahora se está saldando.
La decisión de salir a pagar los juicios perdidos con sentencia firmes deja atrás un pasado en el que el Estado vivía esquivando estos compromisos mediante leyes de emergencia económica, en tiempos en los que las deudas grandes ponían en jaque hasta el pago de sueldos de los empleados públicos, por los magros ingresos fiscales de la Provincia.
Con la ejecución del Presupuesto 2011, Colombi dio cumplimiento a cientos de sentencias judiciales firmes hasta fines de 2010. Un informe del Ministerio de Hacienda, difundido ayer, destacó que “ninguna de estas causas fueron generadas en la actual gestión y las más viejas datan de 50 años atrás”.
Este caso ejemplar es la denominada causa Pinasco, que data de 1952 cuando la Provincia expropió con irregularidades campos de una familia en Mercedes y se los donó al Ejército Argentino. Los herederos no solo que recuperaron sus tierras muchos años después, sino que también se hicieron acreedores de unos 30 millones de pesos, según fuentes judiciales.
La sentencia por este caso debía pagarse ya en 2004, pero la administración de ese entonces se vio obligada a frenar el desembolso con la ley de emergencia económica. Era una época en la que, recién a dos años de la devaluación, la Provincia comenzaba a bajar los altos niveles de déficits y a encaminarse hacia el equilibrio de sus cuentas.
El actual modelo de crecimiento económico, que engrosó de manera récord los ingresos provinciales y las políticas de contención del gasto permitieron que hoy el Estado salde deudas como estas, en una decisión que apunta a garantizar seguridad y confianza en los inversores.
Los pagos se están cumpliendo “en orden cronológico, sin discrecionalidad al momento de definir cuáles se abonan primero”, agregó el parte de Hacienda. “Corrientes se consolida de esta manera en el plano institucional y jurídico, respetando en todos los casos las decisiones adoptadas en el plano judicial ante alguna controversia”, añadió.
Son más de 900 sentencias firmes en las cuales la Justicia ordenaba al Estado cumplir con ciertas decisiones administrativas o pagos económicos derivados de alguna controversia; más allá de la gran cantidad en la que el resultado fue favorable al Ejecutivo.
Ninguna de las sentencias firmes corresponde a causas iniciadas durante la actual gestión y que incluso se terminaron de abonar históricos reclamos que datan de décadas atrás; la más antigua era de 1957, con más de 50 años de antigüedad.