Vecinos y comerciantes, apoyados por la Asociación de Usuarios y Consumidores a cargo de Nelson Veas Oyarzo, esperan que finalicen los plazos administrativos para volver a realizar planteos en contra de la iniciativa del Ejecutivo municipal, que derivó en la aprobación de la actualización tarifaria que aplica una suba a la tasa comercial.
Las ordenanzas fueron aprobadas el pasado 9 de febrero en la segunda sesión extraordinaria de 2012, oportunidad en la que se sancionaron todos los proyectos enviados por el oficialismo al Concejo Deliberante, con el aval de la mayoría.
Desde el 9 de febrero, por 10 votos a 5, la suba de tasas y la actualización del Código Fiscal son ordenanzas en la ciudad capital. La primera lectura del proyecto fue sancionada en 2011 y revisada en la audiencia pública del último 2 de febrero. En la ocasión, vecinos y comerciantes se pronunciaron en contra por su “doble imposición” y carácter regresivo.
La norma está en vigencia desde su promulgación y publicación en el Boletín Oficial y los vecinos comenzarán a abonar las subas a partir de marzo.
En este contexto, el titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores (AUC), Nelson Veas Oyarzo, dijo que la voz de los vecinos no fue acallada con dicha aprobación, y van a agotar la vía administrativa para lograr ser escuchados por las autoridades municipales. “Vamos a seguir peleando por nuestra posición en este tema. Ahora tenemos que esperar el cumplimiento de algunos plazos, pero no descansamos en la lucha y estamos trabajando con nuestros asesores legales para ver cómo seguiremos”, aseveró.
Asimismo, comentó que en caso de realizar presentaciones administrativas o judiciales, tiene garantizado el apoyo de vecinos y comerciantes que siguen molestos por el atropello municipal a las ganancias de los trabajadores de la ciudad.

Los argumentos
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Audiencias Públicas, se habrían omitido algunos pasos formales, pero lo cierto es que Veas Oyarzo manifestó desde un principio su disconformidad con las subas impuestas por la Municipalidad.
En la audiencia expresó que dichos aumentos eran “desproporcionados e irracionales” y de aprobarse en su totalidad sus disposiciones podrían devenir inconstitucionales, por resultar sus efectos “confiscatorios del patrimonio de los contribuyentes”. En su escrito, dejó sentado también que tampoco avalaba la primera lectura porque los aumentos oscilaban entre el 10 y el 155 por ciento. Pidieron entonces generar espacios de mayor debate para fijar tarifas “justas y razonables”.
En cuanto a la legalidad de la audiencia en sí misma, Veas Oyarzo recordó a La República que si bien no tenía carácter vinculante, su carácter consultivo obliga a emitir respuestas o devoluciones fundadas y derivadas de derechos constitucionales, tal como establecen los artículos 42 de la Constitución nacional y el artículo 48 de la Constitución provincial.
“Este municipio todavía no comprendió que es parte de una provincia. Pero tenemos profesionales expertos y estamos analizando cómo seguir en este proceso”, remarcó el referente. A partir del 1 de marzo, el aumento en las tarifas comenzará a aplicarse y la asociación intentará que de alguna forma, el efecto negativo sea el menor posible en la ciudad.