Con el reciente incremento de 46 millones de pesos y los excedentes de coparticipación federal que ingresen el año que viene a la Provincia, el Poder Judicial tendría un Presupuesto 2012 necesario para garantizar todos sus gastos corrientes y desarrollar inversiones, aunque no en la medida que reclama el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Los diputados de la Comisión de Hacienda modificaron el proyecto de Presupuesto provincial 2012 que envió el Ejecutivo y pasaron de 455 millones de pesos a 501 millones para el Poder Judicial, es decir, le otorgaron 46 millones más.
Si bien la suma retocada sigue lejos de los 650 millones que el Superior Tribunal le pidió al Gobierno, se espera que con el crecimiento de la coparticipación federal en el transcurso del año que viene la Justicia llegará a ejecutar unos 560 millones. Esto habla de un crecimiento de la coparticipación del 11 por ciento, por encima de lo previsto.
La llegada de los excedentes durante el año es una de las razones por las cuales los gobiernos elaboraron presupuestos subestimados y, en este caso, siempre por debajo de lo que reclaman el Poder Judicial y el resto de las áreas del Estado.
La Justicia reclamó 650 millones para tener un amplio margen de gastos, con el fin de poner en marcha inversiones pendientes, como el caso de la puesta en funcionamiento de fiscalías y juzgados que ya están creados por ley, pero que no cuentan aún con financiamiento ni infraestructura.
Además de conseguir un lugar fijo para que funcione la Cámara Electoral y en lo Contencioso Administrativo, en el Superior Tribunal están preocupados por los fondos que necesitarán para cumplir con lo establecido en la inminente reforma del Código Procesal Penal que el Senado provincial sancionará antes de fin de año y que prevé, justamente, más juzgados y fiscalías.
Las fuentes consultadas por La República aseguraron que poner en marcha todas esas inversiones no será posible sin los 650 millones reclamados, pero que de todas maneras se tiene en cuenta que los excedentes y los 46 millones que agregaron los diputados significan un refuerzo importante para hacer inversiones en algunas obras.
Más allá de los roces con el Gobierno por la diferencia en los números, en la Justicia también saben que el Ejecutivo provincial tendrá que afrontar el año que viene el pago de la deuda pública, porque el 31 de diciembre vence el plazo de gracia que le otorgó la Nación a las provincias. En este caso, el Gobierno provincial sufrirá retenciones por unos 350 millones de pesos en concepto de esos compromisos.
En la proyección del gasto también pesa el impacto que en 2012 pueda llegar a tener sobre la recaudación nacional la crisis financiera internacional.