Con la implementación de las reformas al Código Procesal Penal que analiza la Legislatura, las fiscalías comenzarán a cumplir un rol más activo, que significará menos trabajo para los juzgados y redundará en la agilización de las causas, con el propósito de que no prescriban tantas causas.

Aunque inició una virtual cuenta regresiva hacia el final del periodo ordinario de sesiones, en el Senado comenzaron ayer a formar la idea de incluir cambios al proyecto de ley de modificación del Código Procesal Penal o bien, de preparar normas complementarias y hasta una comisión que favorezcan la trancisión entre el sistema vigente y el que vendrá. Las posibilidades surgieron luego de una reunión entre representantes del Poder Judicial y los legisladores, que la semana que viene se entrevistarían con miembros del Poder Ejecutivo.
El paso del sistema penal actual al nuevo y modernizado que se estudia en la Legislatura, podría generar la conformación de una comisión de “transición” en el que confluirían representantes de los tres poderes del Estado. Y que trabajaría uno o dos años, desde la aprobación de la ley de reforma al Código hasta su puesta en marcha.
Se trata de una de las alternativas surgidas ayer del encuentro que sostuvo la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado con representantes del Poder Judicial, entre quienes se encontraron el ministro del Superior Tribunal de Justicia Alejandro Chaín; el fiscal General, César Sotelo; jueces de cámaras de apelación y de tribunales de juicio, entre otros.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Jorge Simonetti, sostuvo que de las inquietudes planteadas ayer por los portavoces de la Justicia surge que, “habrá que modificar la Ley Orgánica de Servicio de Justicia, así como la Ley Policial”. Es que, entre otras cuestiones, el nuevo Código establece la creación de la Policía Judicial.
Pero además, los funcionarios judiciales presentaron planteos en torno a lo presupuestario, ya que la puesta en funcionamiento del nuevo régimen incoporaría elementos novedosos y que hacen a la infraestructura de los tribunales.

Trancisión
“Será necesaria la instrumentación de una trancisión, para completar los juicios que se iniciaron con el Código Procesal Penal vigente, un conjunto ‘residual‘ que debe terminarse”, indicó Simonetti.
Puntualizó que surgió la posibilidad de generar una comisión al respecto, “que reúna a los tres poderes y que podría trabajar uno o dos años desde la aprobación del nuevo sistema hasta su definitiva puesta en vigencia”, dijo.
Para comenzar a hablar de ese asunto, la Comisión de Asuntos Constitucionales convocaría para el martes de la semana que viene a una reunión al ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, Gustavo Valdés, representante del Poder Ejecutivo. De hecho, durante el tratamiento de la reforma al Código en Diputados, el Gobierno no fue convocado para la ronda de consultas abiertas previa a la aprobación.
“Recién después de esa reunión estaremos en condiciones de decir si habrá o no modificaciones al proyecto que llegó con media sanción de Diputados”, indicó el legislador.

Capacitación
“Un nuevo Código genera un cambio de mentalidad y de paradigma”, sostuvo el senador Simonetti, quien aseguró que la aprobación de la ley de cambios al sistema penal abrirá la necesidad de capacitaciones.
De hecho, será indispensable para la formación universitaria en Derecho, que tiene al régimen procesal penal de la Provincia como uno de los temas esenciales de los últimos años de la carrera.
Las reformas al Código Procesal Penal de la Provincia, concluyen en una modificación integral del sistema penal, al punto que uno de los ejes es la agilización de las causas. Ese punto estriba en el paso de un régimen mayormente escrito a otro oral, eliminando de ese modo múltiples instancias burocráticas.