Un acuerdo de precios y salarios, es decir, un acuerdo entre trabajadores y empresarios, pero de mediano plazo, es la propuesta del gobernador de Santa Fe y expresidenciable, Hermes Binner, para contener la inflación.

“Creemos que con tres años de un acuerdo salarial y de precios podemos comenzar a doblegar este proceso inflacionario”, dijo el líder socialista a un medio santafesino. “La cuestión es que consensuadamente busquemos la solución a problemas complejos”, consideró.

Sin embargo, Binner estaría obviando un factor fundamental dentro de cualquier estrategia antiinflacionaria a practicarse en el país: el Gobierno.

No son pocos los que aseguran que la suba de precios, que oficialmente no llega a los 2 dígitos, pero que extraoficialmente supera el umbral del 20%, no es ya una consecuencia del crecimiento sino un instrumento gubernamental de recaudación.

Los economistas considerados por el kirchnerismo como "ortodoxos" sostienen que para mantener el elevado gasto público y no caer en déficit el Gobierno necesita del denominado "impuesto inflacionario".

La recaudación a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que pagan todos los argentinos, pobre o ricos, cada vez que adquieren un producto, es uno de los principales sostenes de la recaudación tributaria nacional.

En octubre de 2011, la recaudación vía IVA creció un 29% respecto al mismo período del año anterior. Gran parte de este incremento responde a la suba de precios.

Durante años el discurso del Gobierno, 1ro con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández, ha sido el de la defensa de un creciente gasto público y atacar al que consideraba lo contrario.

Sin embargo, el gasto público creció de tal forma que el "impuesto inflacionario" se volvió indispensable.

Volviendo al planteo de Binner: ¿Sirve de algo proponer un acuerdo entre sindicatos y empresarios cuando es el Gobierno el que tiene la principal llave para revertir los altos niveles de inflación?

Los especialistas sostienen que una contención de la suba del gasto público derivará en una reducción de la suba de los precios y por ende en una menor tasa inflacionaria.

El Gobierno tímidamente dio una señal en ese sentido con el anuncio de una quita en una porción de los abultados subsidios, factor clave en el incremento de las erogaciones.