Punta del Este, Maldonado, Uruguay.

  POR: MARCELA DOBAL
 

La firma de un acuerdo de intercambio de datos fiscales con Argentina preocupa al sector inmobiliario local, que ya ve algunas inversiones detenidas por este cambio de reglas de juego. Dicen que se avecina un impacto "tremendo" para el país.

La preocupación es tal que el viernes se reunió la comisión directiva de la Cámara Inmobiliaria de Colonia para analizar el tema, y sus integrantes expresaron que "es claro que (el acuerdo con Argentina) va a afectar a Uruguay" y que su tenor sería "grave". Esta semana se volverán a reunir para hacer un seguimiento del tema. Asimismo, la Cámara Inmobiliaria del Uruguay también se reunirá para hacer un análisis, informó su presidente Gabriel Conde.

"Creo que va a ser muy nefasto para la economía y la inversión que hay en este momento", dijo a El País el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, Francisco Bistiancic.

El empresario considera que los controles que hay "son suficientes" y que agregar más y hacer informes sobre quién está invirtiendo en el país "no va a contribuir en nada al mercado inmobiliario ni a las inversiones que ya están, que se van a ir a otros lugares". Agregó que la mayoría de las veces los inversores no tienen "dinero sucio" y que "ante esta situación sienten disconformidad", porque "no se les dan las garantías necesarias".

"Los perjudicados acá van a ser los uruguayos y no los argentinos", sostuvo. "Creo que el impacto va a ser tremendo y las consecuencias van a ser bastante grandes", dijo Bistiancic.

El miércoles 26/10, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, anunció que se le hará un planteo a los países del Mercosur para el intercambio de información fiscal y se modificará el régimen de acciones al portador, luego de que se diera a conocer que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) encontrara en esos aspectos algunas de las debilidades del país para cumplir con la transparencia global.

El gobierno tiene plazo hasta 2014 para ajustarse a los consejos de OCDE. De lo contrario, podría recibir sanciones económicas de sus países miembros. El presidente, José Mujica, dijo que "no deberíamos quedar en la ilegalidad internacional".

La firma de un acuerdo con ese país implica que se le deberá dar información sobre actividades que los argentinos realicen en territorio uruguayo, con lo que el gobierno de Cristina Fernández contará con más instrumentos para detectar la capacidad contributiva de sus ciudadanos y así poder mejorar la eficiencia de su recaudación de impuestos, por ejemplo. Esto le será muy útil para mejorar su resultado fiscal, que actualmente es deficitario.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, Conde, informó que algunos inversores se aprestaban a iniciar negocios y decidieron no hacerlos a raíz del anuncio. "Estaban por hacer una operación y ya la detuvieron. Son muy pocos casos, pero ya es una señal", afirmó. Estimó que las inversiones "por un tiempo seguramente se van a enlentecer al no tener seguridad de cómo se va a mover el país".

Conde coincidió en que no será solo el sector el que sufra las consecuencias de este acuerdo con Argentina. "Va a afectar a nivel nacional, porque la inversión inmobiliaria y en construcción son uno de los pilares de la economía y también el área agrícola está explotada por empresas argentinas. Donde eso se frene, el impacto va a ser mucho más importante de lo que la gente piensa", dijo.

El empresario sostuvo que el país depende en buena medida de los inversores extranjeros, a los que, "si les cambiamos las reglas de juego o la seguridad jurídica, van a pensar en otros países".

Las inversiones de argentinos en el sector inmobiliario se concentran principalmente en zonas turísticas, como los departamentos de Colonia y Maldonado.

En Maldonado, se estima que más del 50% de las transacciones inmobiliarias son realizadas por argentinos. Si se considera que según la Intendencia de ese departamento en los 12 meses cerrados en marzo se habían transado padrones por US$ 1.408 millones, al menos US$ 700 millones son los que corresponden a agentes económicos de la vecina orilla.

La mayor parte de las transacciones se concentran en Punta del Este, áreas rurales y la ciudad de Maldonado, aunque también en La Barra, en José Ignacio y Punta Ballena.

El presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este, Omar Milar, sostuvo que se espera una comunicación del gobierno más profunda y que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, informe de "cómo realmente se va a ejecutar" el acuerdo.

En esa ciudad balnearia, "prácticamente entre un 60% y un 70% de los propietarios son argentinos", indicó Milar.

En Colonia, entre el 85% y el 90% de las compras o inversiones en inmuebles son con capitales argentinos, según informó a El País el presidente de la cámara empresarial de ese departamento, Richard Brunelli.