Cuando continúan las actuaciones del Jurado de Enjuiciamiento contra la juez Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé, Graciela Duarte, el Consejo de la Magistratura tiene en sus manos otro expediente que podría derivar en una situación similar: se trata de una denuncia contra la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº11, Silvia Cristina Garicoche.
Desde la última reforma de la Constitución provincial, en 2007, es el Jurado de Enjuiciamiento el órgano que tiene a su cargo el juicio político a todos los jueces e integrantes del Ministerio Público. Para ello es necesario que el Consejo de la Magistratura considere que una denuncia amerite ser investigada. En esta etapa se encuentra la presentación contra Garicoche.
La supuesta comisión de delitos fue advertida por el ex fiscal Diego Núñez Huel (hoy Juez de Cámara) a raíz de un sonado caso en perjuicio del Banco de Corrientes SA en el año 2005. La denuncia fue promovida por el apoderado de esa entidad contra el ex asesor legal de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, de aquel entonces, Marcelo Levatti.
El Banco efectuó una nueva denuncia pues Levatti presuntamente percibió de manera ilegal honorarios (por una suma de 700.000 pesos) y Núñez Huel entendió que también la Magistrada habría cometido delitos en calidad de partícipe necesario.
Todo comenzó cuando el Banco de Corrientes promovió una acción de amparo para que la Municipalidad de Corrientes, en aquel entonces administrada por Nora Nazar de Romero Feris, permitiera la habilitación de un centro único de pagos, que el Municipio impedía. La juez Garicoche, entonces, habilitó provisoriamente dicha oficina pero luego rechazó la acción de amparo promovida por la entidad bancaria. La decisión se convirtió en una ejecución de multas por parte de la Municipalidad capitalina contra el Banco de Corrientes.
La magistrada ordenó la ejecución de una planilla de multa e intereses por más de $4.000.000 y dispuso el embargo directo sobre la cuenta que el Banco de Corrientes posee en el Banco Central de la República Argentina. También reguló los honorarios de Levatti por una suma cercana a los $700.000.
Si bien el Banco de Corrientes también apeló la decisión judicial por los honorarios de Levatti, la juez rechazó la acción de amparo y dispuso un pago directo mediante transferencia de la cuenta embargada en el Banco Central a la caja de ahorros del ex asesor legal del Municipio.
La forma poco habitual del pago (generalmente los honorarios o sentencias se realizan por un expediente judicial y se abona mediante cheque librado en una cuenta especial que el Tribunal abre en el Banco de Corrientes) motivó la reacción de las autoridades gubernamentales de entonces (era final del primer mandato de Ricardo Colombi) y se encomendó a quien era presidente la entidad bancaria, Alejandro Rafael Retegui, que formulara la denuncia criminal contra la Magistrada. También se instruyó a los abogados del banco que efectuaran las acciones de rigor para impedir que el daño económico se materializara.
Las actuaciones del Banco de Corrientes y del Gobierno no pudieron impedir que Levatti recibiera el dinero pero evitaron que se concretara el traspaso de los $4.000.000 a la Municipalidad por decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
Curiosamente, Levatti hoy vuelve a estar muy cerca de Nazar de Romero Feris: es asesor legislativo de la diputada provincial.

Jury
El Jurado de Enjuiciamiento (Jury) es una institución creada en la última reforma de la Constitución provincial en 2007. Tiene a su cargo el juicio político a todos los jueces e integrantes del Ministerio Público (con excepción de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, del Fiscal General, del Defensor General y del Asesor General) cuando se les impute la comisión de delito o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
La conformación es de lo más diversa e incluye a referentes de dos poderes del Estado (Judicial y Legislativo), a profesionales del Derecho y a referentes de esa facultad. Está presidida por un miembro del Superior Tribunal de Justicia e integrada por un juez, un representante del Colegio Público de Abogados, un referente de la Facultad de Derecho, un senador y dos diputados.
Según lo establecido por la Carta Magna provincial y la Ley 5.848 (que regula su funcionamiento) el Jurado de Enjuiciamiento será conformado cada dos años.

Debut
El debut del Jurado de Enjuiciamiento se dio entre 2009 y 2010 cuando evaluó la denuncia contra el titular del Juzgado de Instrucción y Correccional de Mercedes, Pablo Andrés Fleitas. Al ahora ex magistrado se lo acusó por partida doble. Por un lado, por mal desempeño en sus funciones en relación a deficiencias en el trámite de investigación vinculadas a la muerte de Ramón Hipólito Valenzuela ocurrida en 2009.
La segunda denuncia contra Fleitas fue promovida por su accionar contra un joven reportero gráfico. El hecho ocurrió el 9 de agosto de 2009 a las 5:00 en un boliche de Mercedes, Suet Disco, cuando el fotógrafo quiso tomar imágenes del magistrado como parte de su labor en eventos sociales.
Según lo expuesto, el juez habría ordenado a su custodio la detención del reportero gráfico y su traslado a la comisaría a los fines de su identificación “por no tener documento personal”.
Finalmente, luego del proceso, el 18 de febrero de 2010, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió - en forma dividida y por mayoría - condenar a Fleitas con la destitución del cargo de Juez de Instrucción y Correccional de Mercedes e inhabilitar al condenado por el término de cinco años para el ejercicio de la función pública.