El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dio intervención a la Procuración General del Tesoro para que evalúe si corresponde "el inicio de las acciones de reparación" contra los funcionarios que implementaron la "estatización de la deuda externa privada, transformando 17.000 millones de dólares en deuda pública" y las empresas que se "beneficiaron" con la medida.

El magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal Federico Delgado quien había reclamado que se "remita copias de las partes pertinentes al Procurador del Tesoro para que evalúe si los hechos justifican el inicio de las acciones de reparación contra los funcionarios públicos que implementaron estas políticas públicas y las empresas que se beneficiaron a costa de ellas".

El pedido -que apunta a un "objetivo resarcitorio"- se realizó en el marco de una antiquísima causa en la que se investiga la estatización, en 1982, de la deuda pública en la que habría intervenido el entonces titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y luego ministro de economía menemista y delarruista, Domingo Cavallo.

El fiscal recordó que la estatización se dispuso en septiembre de 1982 y "significó, aproximadamente, el monto equivalente a diecisiete mil millones de dólares (u$s 17.000.000.000) del total de los cuarenta y tres mil millones de dólares (u$s 43.000.000.000) que aglomeraba la deuda externa declarada en el año 1983" y contraída durante la última dictadura militar.

"La inminente necesidad de dar intervención al Procurador del Tesoro “a los efectos resarcitorios- es la directa consecuencia" de la posibilidad de prescripción de la acción penal "ya que si ésta muere comienza a fenecer la posibilidad del demos de reclamar la responsabilidad de funcionarios que subordinaron el interés público al que debían defender a los privados que debían controlar", sostuvo Delgado.

El fiscal señaló que "el objeto procesal que abarca esta `mega causa` es complejo y requiere una mirada contextual para comprender los hechos que derivaron en el incremento del endeudamiento de la Argentina" sostuvo el representante del ministerio público, quien señaló que "la investigación contiene una significancia y un simbolismo que trascienden los intereses particulares a los que estamos acostumbrados a tratar en el ámbito penal".

Delgado recordó que "las empresas del sector privado se beneficiaron progresivamente con los regímenes de seguros de cambio instaurados, a partir del año 1981, por el Banco Central de la República Argentina y que derivaron en la puesta en marcha de la estatización de la deuda externa privada mediante la comunicación ôAö 251 del banco del mes de septiembre de 1982".

"En palabras del economista Eduardo Basualdo, `en el fracaso dictatorial y el advenimiento del nuevo gobierno constitucional, no se produjo una impugnación de la legalidad, ni de la legitimidad de lo actuado por la dictadura militar en materia de los seguros de cambio o de la estatización de la deuda externa privada`", señaló el fiscal.

Finalmente Delgado citó anteriores dictámenes de la Procuración General del Tesoro según los cuales "el ejercicio de la acción civil, sea en sede penal o de modo independiente en sede civil tiene como sustento en que su titular -en el caso el Estado Nacional- haya sufrido algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, es decir un daño material".