Mientras Hebe de Bonafini realizaba la habitual marcha de los jueves en Plaza de Mayo, al frente de su sector de Madres de Plaza de Mayo y prometía que los planes de obra de Sueños Compartidos pueden menguar pero no serán detenidos (parálisis que sí ha denunciado Sergio Schoklender), su ex apoderado y mano derecha en la Fundación Madres de Plaza de Mayo realizaba una exposición con carácter reservado en la Cámara baja.
 

  

Al concluir la presentación de Schoklender, algunos diputados no oficialistas brindaron una rueda de prensa.



Comenzó hablando Graciela Camaño (Peronismo-Buenos Aires), quien dijo que no querían entorpecer las investigaciones y ese fue el motivo del carácter reservado, y que luego de escuchar a Schoklender "hemos decicido, a pesar de la morosidad judicial que nos perjudica enormemente como institución de la República (tanto el Congreso de la Nación como la Auditoría General de la Nación, que depende de este Congreso, tienen paralizada la investigación como consecuencia del secreto del sumario vigente hace ya 5 meses), realizar algunas acciones concretas".



Según ella, el resultado de la reunión "fue altamente positivo" porque "creemos que podemos aportar a los respectivos tribunales (N. de la R.: son 3 los jueces intervinientes en las diferentes causas judiciales en trámite) material importante que, en parte, fue dejado físicamente (N. de la R.: por Schoklender), y en en parte en versión taquigráfica que acercaremos, ni bien haya sido pasada en limpio, a los respectivos tribunales".



Camaño continuó: "Ha quedado muy en claro que hay operaciones de la Secretaría de Inteligencia para que esta investigación no se active antes del 23/10. Queremos ser muy firmes acerca de la necesidad que tiene esta Cámara de Diputados de que los hechos se esclarezcan. Han ocurrido arbitrariedades manifiestas, hay funcionarios involucrados en los dichos y la documentación aportada, y es absolutamente imprescindible que la Justicia le brinde a esta causa el impulso que le debe dar".



Camaño le cedió la palabra al presidente de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara baja, Hipólito Faustinelli (UCR-Córdoba).



El legislador dijo que "seguiremos invitando a personas que es importante escucharlas para conocer con precisión cuáles fueron los hechos en la ejecución del programa Sueños Compartidos. Invitaremos a la presidenta de la Fundación (Hebe de Bonafini), al responsable de Personas Jurídicas (depende de la Inspección General de Justicia, en jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y cuyo titular Marcelo Mamberti ha faltado a algunas invitaciones de Diputados), al subsecretario de Obras Públicas de la Nación (Abel Fatala) y, de ser necesario, también al secretario de Obras Públicas, el ingeniero José López, para conocer el manejo legal y técnico de una obra pública y qué pasó en el caso de Sueños Compartidos".



Después habló Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires-Coalición Cívica), quien recordó que ella integra la Comisión de Seguimiento de Organismos de Inteligencia.



"Ha quedado acreditado el intento de la Side de controlar a la Justicia argentina, y es un tema muy fuerte. Los organismos de inteligencia pretenden 'dormir la causa' y es muy grave que tengamos que plantear que, nuevamente, los servicios de inteligencia están haciendo una tarea que no les compete. Quería decirlo porque es el que más nos preocupó a todos los que estuvimos presentes", dijo la diputada nacional.



Bullrich agregó: "Es demasiado importante que en la Argentina sigamos teniendo servicios de inteligencia que se involucran en estas cuestiones que no son su responsabilidad legal".



Entonces fue el turno de Ricardo Gil Lavedra (UCR-Ciudad de Buenos Aires), quien dijo que le había quedado en claro a los oyentes de Schoklender, "la absoluta discrecionalidad y el desparpajo total conque se manejan los fondos público en la Argentina. Asombra, realmente".



Luego, Gil Lavedra, ex camarista federal, continuó: "No son maniobras sofisticadas sino que están a la vista a poco de que los tribunales u organismos públicos como la Auditoría puedan investigar un poco más. Las manifestaciones de Schoklender coinciden con elmentos que venía recopilando la Comisión de Vivienda".



Mencionó una serie de delitos que se estarían cometiendo, de resultar probada la declaración de Schoklender, entre los que incluyó "la violación grosera de las formas de financiamiento electoral. Todo será remitido a los 3 jueces".