El populista debate que plantean la Federación Agraria Argentina y el Frente para la Victoria sobre extranjerización de tierras rurales no prospera en el Congreso de la Nación (es decir, el proyecto que establece que al país son bienvenidos todos los pobres de países vecinos que vienen a usufructuar de la sociedad argentina, pero no son bienvenidos los adinerados extranjeros. ¿No debería haber un poco de equilibrio en ese tema?).     



Ocurre que la invitación de la Comisión de Legislación General, a cargo de Vilma Ibarra, hasta donde se sabía la pareja de Alberto Fernández, a los titulares de Agricultura, Juan Casañas (UCR- Tucumán) y de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño (Peronista-Buenos Aires), para convocar a sus comisiones, no prosperó.



El encuentro programado para este miercoles 31/08 estaba destinado a tratar los proyectos sobre extranjerización de tierras, entre los que se encuentra el del Poder Ejecutivo.



En verdad, se trata de una escena que se repite por 4ta. vez ya que tanto Agricultura como Asuntos Constitucionales se negaron a asistir a los plenarios convocados por Vilma Ibarra, durante todo 2011. La última fue con la presencia del ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez.



Desde la oposición, que aún conserva el control de 2 de las comisiones por donde debe pasar el proyecto de Poder Ejecutivo  (Agricultura y Asuntos Constitucionales), se exige más tiempo para debatir la iniciativa, porque consideran que vulnera la Constitución y está cargada de riesgosas vaguedades, como la falta de definición de qué tipo de tierras rurales pueden estar sujetas a la cesión extranjera.



Para media hora antes del debate sobre tierras convocado por Legislación General, Asuntos Constitucionales citó a una reunión para tratar los distintos proyectos sobre la boleta única.



De todas maneras, el Frente para la Victoria y sus aliados, procurarán obtener este miércoles 31/08, dictamen favorable del proyecto en la Comisión de Legislación General a la espera del tratamiento de Asuntos Constitucionales y Agricultura, para luego llevarlo al recinto. 



La iniciativa propone limitar al 20% la tenencia total de tierras rurales en manos extranjeras y establece, entre otros puntos, que un mismo extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas.



También establece que el Gobierno no vulnerará los derechos adquiridos de los extranjeros que hoy poseen tierras en el país, pero les exigirá informar al Estado sobre su titularidad en un plazo de seis meses. Y también ordena realizar un registro catastral y dominial en 180 días.