El fiscal Jorge Di Lello pidió el sobreseimiento del ministro de Economía y candidato a vicepresidente, Amado Boudou, acusado por disponer el acceso a los mails de la cuenta oficial de los empleados de esa cartera, al afirmar que esa práctica no constituye delito y que incluso ocurre en otros ministerios y organismos oficiales.

La causa se inició por una denuncia del diputado nacional de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, que lo acusó por firmar una resolución que permite el acceso al contenido de esos correos electrónicos.

El pedido de sobreseimiento se basó en un dictamen técnico que concluyó que Boudou "no cometió delito" porque los empleados fueron notificados de esa resolución que se dicta "para verificar que se cumplan las reglas o políticas de uso de los medios informáticos y de Internet", informaron a DyN fuentes judiciales.

Además, Di Lello sostuvo en su escrito que esa política se replica en otros organismos de la administración pública nacional, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la ANSES, dijeron los voceros.

Ahora el juez federal Rodolfo Canicoba Corral debe decir si hace lugar al sobreseimiento y cierra la causa, lo que en tribunales daban como un hecho por no haber acusación del fiscal.

Boudou fue denunciado por Morán por supuestos abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y violación de secretos y de la privacidad por firmar la resolución 464/2010 que permite acceder al contenido de los mails de los empleados del Ministerio de Economía.

Di Lello le solicitó al fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, y la a secretaria de Fiscalía de la Cámara de Casación Penal Carla Delle Donne, especialistas en delitos informáticos, un dictamen sobre si se cometió alguna violación legal.

Los funcionarios señalaron en base a jurisprudencia nacional e internacional que "las computadoras y la dirección de correo electrónico suministrada por el empleador son de su propiedad" y por lo tanto "cuenta con facultades de control".

Agregaron que el Ministerio notificó a los empleados las políticas de uso de Internet, entre el acceso a las cuentas de mail oficial.

"Es a nuestro juicio esencial señalar que no configura delito alguna la conducta de los empleadores, quienes en ejercicio de las facultades de control toman datos electrónicos de sus empleados para verificar que se cumplan las reglas o políticas de uso de los medios informáticos y de Internet", concluyeron.

Fuente: DyN