Las diputadas nacionales Victoria Donda y Fernanda Gil Lozano involucraron ayer a la jueza de Menores de Corrientes Irma Domínguez, en casos de supuesta venta de niños en la provincia y, tras una reunión con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, reclamaron que se inicie un juicio político para apartarla del cargo.
De inmediato, la jueza salió a rechazar las calificaciones en su contra y acusó a las diputadas de “armar un circo romano” y “atacar a la Justicia de Corrientes”.
Las acusaciones surgen tras denuncias que, según las legisladoras, llegaron a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación por parte de “familias de escasos recursos que pierden a sus hijos por ser pobres”.
Donda (Proyecto Sur) y Gil Lozano (Coalición Cívica) vinieron a Corrientes exclusivamente por este tema y mantuvieron un encuentro con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Rubín, aunque no se pudo saber la respuesta que éste les habría dado a ambas. Las legisladoras estuvieron acompañadas por el abogado penalista local Herminio González, quien sería la persona que habría asesorado a las familias denunciantes a que presenten sus casos ante la comisión de la Cámara baja.
Tras el encuentro con Rubín, Gil Lozano dijo a la prensa que “la denuncia involucra a la jueza de Menores, pero hay más jueces involucrados”, aunque no quiso dar los nombres de los otros magistrados.
Por su parte, Donda agregó que en total “son 20 juzgados” de varias provincias del país, entre ellas de Santiago del Estero, que están sospechados de “facilitar” la compra y venta de niños, pero afirmó que “la mayoría de las denuncias recaen sobre la doctora Irma Alicia Domínguez”. Según la diputada, “lo que queremos es que esta jueza sea apartada del cargo y que se investiguen las adopciones dadas en ese juzgado”.
González, en tanto, dijo que “hay denuncias de personas que están inscriptas en el Registro de Adopción a la espera de un niño, a quienes les habrían solicitado hasta 55 mil pesos para adoptar a un menor en Corrientes. Resulta que el Juzgado entrega la guarda preadoptiva a familias que no están en el Registro”.
Las legisladoras informaron que las denuncias provienen de familias muy humildes que lograron acercarse con abogados a una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación que investiga el tráfico de niños en todo el país. “En todos los casos, se actúa contra la gente de menores recursos, a los que en lugar de ayudarlos se les quita los hijos por ser pobres”, expresó Donda.