Todo indica que, a partir de hoy, la Nación y Corrientes acercarán posiciones para finalmente firmar el convenio que le permitirá a la Provincia reestructurar más de 2.000 millones de pesos que le debe al poder central. Una fecha probable para sellar el acuerdo es el miércoles.
Queda por acordar un punto: el juicio por los recursos que debe enviar la Anses para financiar los pasivos del IPS, cifras más que importantes ante la precariedad de la caja previsional local.
Son casi 100 millones de pesos que están trabados en Buenos Aires por cuestiones políticas y que fueron reclamados en los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Corrientes no resignará un solo peso de lo que le corresponde. La pelota está en el Ministerio de Economía de la Nación, que deberá ofertar una salida que conforme al gobierno de Ricardo Colombi.
Lejos de lo que intentan mostrar los funcionarios federales, no le regalan un solo peso a la jurisdicción dado que se usarán recursos no distribuidos, es decir que nunca llegaron para financiar la quita y la refinanciación.
El viernes, el mismo día en que firmó el plan de desendeudamiento Misiones, el gobernador fue convocado con urgencia a Buenos Aires. Hasta ahora hay absoluto hermetismo sobre los avances que se registraron en la Capital Federal.
La expectativa en la provincia es la misma que la que hubo cuando se anunció el plan, pero a medida que pasó el tiempo los recursos que iban a permitir salir del déficit fiscal se fueron reduciendo.
En los despachos de la Casa de Gobierno apuestan a que el miércoles será el acto formal, pero para esto deberá llegar a un entendimiento por las demandas que están en la Corte.
Durante esta etapa de negociación hay varios elementos que favorecen a Colombi, uno de ellos es que Mendoza se negó a retirar el recurso de amparo que presentó para frenar la aplicación de la promoción industrial para cuatro provincias.
También en espera hay varias provincias aliadas que no están muy conformes con desistir de las demandas cruzadas. En otras palabras, el escenario político sigue favoreciendo.
Queda poco tiempo, tanto porque los plazos están corriendo, como porque la falta de acuerdos implica descuentos diarios de coparticipación, es decir pérdida de recursos, unos 30 millones por mes.