Esposas De Militares
Cecilia Pando y sus militantes fueron desalojadas de Defensa y pasaron la noche afuera del edificio

Cecilia Pando y sus militantes fueron desalojadas de Defensa y pasaron la noche afuera del edificio
04/08/2010 | Unas nueve mujeres esposas de militares presos por causas de DD.HH. siguen encadenadas para reclamar una entrevista con Nilda Garré. Los ex militares fueron condenados por delitos cometidos durante la última dictadura militar, con sentencias que van desde la prisión perpetua a los 18 años de cárcel. Pando, esposa del mayor Rafael Mercado y defensora de la represión ilegal en la última dictadura, en su momento protestó por el fallo e insultó a los jueces a los que advirtió: "Ya van a pagar por lo que están haciendo". 
 

Unas nueve esposas de militares presos en causas de derechos humanos, lideradas por Cecilia Pando, seguían hoy encadenadas en el acceso al edificio Libertador, sede del Ejército, para exigir que sean recibidas por la ministra de Defensa, Nilda Garré, y los jefes de las Fuerzas Armadas, informó DyN.

Las mujeres pasaron la noche en carpas que levantaron en el mismo predio y esta mañana volvieron a encadenarse en las rejas de entrada. Ayer tarde unas 15 mujeres se habían encadenado adentro del edificio, una protesta que les duró pocos horas porque una ordendel juez Rodolfo Canicoba Corral las obligó a desalojar el lugar. Pero continuaron su reclamo afuera del edificio.

Las manifestantes están enroladas en la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) que lidera Pando, la esposa del ex mayor Rafael Mercado, quien fue echado del Ejército en diciembre de 2005.

Horas después de iniciada la protesta las manifestantes se retiraron, tras una presentación legal que hizo el Ministerio de Defensa, y pasaron la noche afuera del edificio para continuar su reclamo. “Fue una noche helada, pero hubo mucha gente que nos trajo cosas, como comida y frazadas”, contó Cecilia Pando.

Según Pando, "las instituciones no pueden seguir mirando al costado, como si nunca hubieran conocido a nuestros familiares y amigos"
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"Ellos están siendo juzgados por pertenecer al Ejército Argentino, a la Marina de Guerra o a la Fuerza Aérea. Estarían gozando de libertad si hubieran dedicado su vida a otros menesteres o hubieran formado parte de otras entidades como los Scouts o los Bomberos Voluntarios. Cuando nuestros familiares y amigos son acusados de haber conformado una asociación ilícita, están acusando al Ejército, a la Fuerza Aérea y a nuestra Armada, de constituir asociaciones ilícitas", apuntó.

Pando señaló que "los mandos de las instituciones tienen el deber y la obligación de apoyar y respaldar a los subordinados que cumplieron órdenes, en el marco del conflicto bélico que enfrentó a los argentinos en la década del 70".

Condenas en Corrientes

De lo que se olvida Pando es de que estos ex militares fueron condenados por delitos cometidos durante la última dictadura militar, con sentencias que van desde la prisión perpetua a los 18 años de cárcel.

Familiares de los ex militares condenados, y Cecilia Pando, esposa del mayor Rafael Mercado y defensora de la represión ilegal en la última dictadura, en su momento protestaron por el fallo. Pando insultó a los jueces a los que advirtió: "Ya van a pagar por lo que están haciendo".

La sentencia mas dura recayó sobre el ex teniente coronel Julio Rafael Barreiro, quien fue condenado a prisión perpetua; mientras que el ex capitán y ex titular de la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Carlos de Marchi, al igual que el coronel Horacio Losito fueron sentenciados a 25 años de prisión. Por su parte el ex comandante de Gendarmería Nacional Raúl Alfredo Reynoso, recibió una pena de 18 años de prisión. Cumplirán las sentencias en la Unidad Penal 7 de Resistencia, Chaco, donde ya estaban alojados.

El quinto de los acusados por delitos de lesa humanidad en el Centro Clandestino de detención que funcionó en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, el ex suboficial del Ejército Carlos Piriz fue absuelto por el Tribunal Oral en los Criminal Federal presidido por Víctor Antonio Alonso e integrado además por Lucrecia Rojas de Badaró y Guillermo Navarro, quienes ordenaron su inmediata libertad.

Todos fueron acusados en distinto grado de asociación ilícita, privación ilegitima de la libertad seguida de tormentos y, en el caso de Barreiro, seguida de muerte en uno de los casos analizados. En esta causa aparece también el ex general Cristino Nicolaides, quien debido a su estado de salud cuando se inició el juicio no pudo ser traído a Corrientes.

La sentencia fue festejada por unos trescientos militantes de derechos humanos que seguían la audiencia desde la calle. Los familiares de los ex militares reaccionaron airadamente, pero se destacó la actitud de Cecilia Pando quien increpó a los jueces gritándoles "¡Cobardes! ¡Cagones!" y asegurándoles que iban a "pagar lo que están haciendo" mientras pasaba su mano por el cuello en el clásico gesto de deguello dirigido al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde a quien amenazó luego directamente. El funcionario denunció más tarde a la señora Pando.

El expediente se centró en las desapariciones de Juan Ramón Vargas, dirigente de las Ligas Agrarias, y Rómulo Gregorio Artieda, militante de la Juventud Peronista, de cuya muerte se responsabilizó a Barreiro, quien por aquellos años, 1976 y 1977, era subteniente.

En los cinco meses que duraron las audiencias declararon además de ex militares y ex soldados del Regimiento de Infantería 9, personas que fueron detenidas y torturadas en esa unidad militar, ubicada por entonces sobre la Costanera Correntina.