El incremento récord de la recaudación fiscal precisado ayer por el gobierno nacional lleva tranquilidad a las provincias y municipios por la automática suba de los fondos de coparticipación federal. Pero tal crecimiento ocurre en el marco de una economía inflacionaria que presiona sobre la administración del gasto público.
Lejos de pensar en cómo salir de situaciones deficitarias para mantener las cuentas en equilibrio, los conflictos que enfrentan hoy gobernadores e intendentes emergen de las presiones de los sindicatos para elevar los niveles salariales y de las necesidades de inversiones en infraestructura y gastos sociales.
La recaudación impositiva nacional creció 38,4 por ciento en julio con relación al mismo mes de 2009, hasta los 37.374,4 millones de pesos. Los datos fueron confirmados por el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray.
En los primeros siete meses del año la recaudación acumuló 229.055 millones de pesos, un 32,6 por ciento más que en el mismo período de 2009, y en comparación de julio 2010 con el mismo mes de 2009, aumentó en 9.309 millones.
Pero el dato que surge del anuncio es que también este aumento de la recaudación está impulsado por la inflación, además del crecimiento del consumo y del comercio exterior.
El gobierno nacional coparticipa en la actualidad entre el 27 y 30 por ciento de esa recaudación entre las provincias y municipios. Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, la coparticipación acumula un crecimiento cercano al 50 por ciento interanual.
El economista porteño Tomás Bulat sostuvo ayer, en una entrevista con radio La Red, que “los gobernadores se manejan con más tranquilidad” por ese incremento de fondos federales, pero aclaró que gran parte de esos fondos son licuados por la inflación de costos para el mantenimiento del Estado. “Hay recuperación, pero con inflación y hay que salir a revertir esta inflación porque de lo contrario lo que se recupera en recaudación se va en el incremento de costos”, dijo. Para el economista, el problema radica en que esta realidad no permite la inversión y reinversión para concretar el crecimiento.
A esta presión del incremento de los costos para el mantenimiento del Estado, se suma la de los trabajadores y sectores sociales por la distribución de una mayor parte de los ingresos en salarios y asistencia.
Es el caso de Corrientes, donde el año comenzó con una recuperación fiscal tras los vaivenes de 2008 y 2009, pero también con reclamos de subsidios de diferentes sectores sociales que fueron afectados por condiciones climáticas. Además, desde abril el Gobierno comenzó a desarrollar su política salarial que elevó la partida presupuestaria para el pago de los 70 mil sueldos de la administración pública. Hasta marzo, la partida salarial mensual del Estado correntino era de 174 millones de pesos, pero con los aumentos dados en abril y julio pasados, creció un 32 por ciento para ubicarse hoy cerca de los 230 millones de pesos. Aún resta que el Gobierno otorgue otra suba en septiembre, en caso de que concrete la refinanciación de los vencimientos de la deuda, según prometió públicamente Ricardo Colombi.