¿Por qué se habla del 83% móvil para la jubilación mínima? Porque la inflación se devora el poder adquisitivo de los jubilados, pensionados y asalariados.

Pero la política jubilatoria, al igual que la inflación, tiene diferentes enfoques.

Obviamente que Horacio Verbitsky va contra el mundo, en la cruzada pro-Kirchner.

Es interesante contrastar su visión con las otras.

Eduardo van der Kooy en el diario Clarín:

"(...) Los jubilados en la Argentina rozan los 6 millones de personas.

Se estima que el 40% de ellas reside en Buenos Aires.

El cálculo electoral surge, entonces, irremediable. Pero las compensaciones resultan siempre insuficientes. Lo son por dos motivos: un retraso estructural del cual no es responsable sólo este Gobierno. También, porque los Kirchner se resisten a dejar de remar contra una corriente intensa. Esa corriente es la inflación disfrazada , que termina por inutilizar el esfuerzo de mejora social.

De acuerdo con un trabajo de la consultora de Ernesto Kritz, los haberes jubilatorios crecieron en el primer semestre un 8.9% (el aumento de marzo). Pero en igual período la canasta alimentaria de un matrimonio de más de 60 años subió un 21%.

Algo similar sucede con la asignación universal por hijo. Desde su puesta en marcha, en octubre del año pasado, cayó más del 20%. Una familia pobre con tres hijos cubría la mitad de la canasta básica. Esa proporción descendió al 40%.

¿Cuánto tiempo pasará para que las mejoras anunciadas la semana pasada no sean de nuevo devoradas por la inflación subterránea?

Los Kirchner no disponen de ningún plan para corregir la inflación. Eso supondría, de hecho, admitir el fracaso de todas las gestiones de Guillermo Moreno.

El secretario de Comercio importa más por su papel de militante político que por los desaguisados de los cuales fue responsable en las tareas que abordó. Cualquier reconocimiento de error es vivido por el matrimonio como una derrota.

Ese temor, con certeza, habría impulsado a los Kirchner a levantar una escenografía política exagerada para comunicar la mejora prevista a los jubilados. Estarían intentando que la oposición no progrese esta semana en el Senado con la aprobación del dictamen del 82% móvil para las jubilaciones mínimas.

Los opositores no están seguros de reunir el número después de dos semanas de receso. En ese caso, probarían con otro dictamen: la normalización del INDEC en 150 días. No parece haber en el horizonte del Congreso buenas noticias para el Gobierno. (...)".

Horacio Verbitsky en Página/12:

"(...) El gobierno recuerda que desde 2003 duplicó la inversión social y, casi, el número de beneficiarios del sistema previsional, para lo cual recuperó a 2,35 millones de personas que habían sido dejadas de lado por los comisionistas de la jubilación privada, de modo que nueve de cada diez en edad de jubilarse reciben un beneficio del sistema previsional, cuando la tasa de cobertura hace cinco años no pasaba del 55%.

Por ley se concede un aumento semestral que mantiene actualizadas las jubilaciones, se vuelca al consumo e impulsa tasas de crecimiento que en lo que resta de 2010 rondarán el 10% anualizado.

También incrementó la mínima un 600% y la media el 300%, luego de décadas de congelamiento y penuria. CFK advirtió a los empresarios que los aumentos fueron concedidos sin mayor presión impositiva, con recursos propios del sistema previsional y mientras existe capacidad productiva ociosa, por lo que cualquier incremento de precios sólo podría obedecer al propósito patronal de capturar ganancias extraordinarias a expensas del bienestar general.

Las erogaciones anuales de los aumentos anunciados serán de $ 18.000 millones al año, contra $ 22.000 millones que implicaría el proyecto de Morales (82% sólo a los haberes mínimos); $ 77.000 millones del que presentó Elisa Carrió (equiparar haber previsional y salario mínimos) o $ 140.000 millones del firmado por el conservador salteño Juan Pérez Alsina (82% a todos los jubilados).

Éste último agotaría en apenas 1 año el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, de $ 149.000 millones.

Durante su última visita al Senado, el ministro de Economía, Amado Boudou, explicó que, si bien los recursos de ese fondo aumentaron más de la mitad de su valor desde la extinción de los comisionistas privados de las AFJP, no son realizables de inmediato.

El 40% son activos ilíquidos. Del 60% restante, la mitad son inversiones en activos que no podrían venderse en menos de 10 años y la otra mitad demandaría entre 2 meses y 7 años.

Si esos plazos se forzaran, se perdería más de la mitad de su valor. Boudou también descartó como un mito la afirmación, que se repite en alegres análisis políticos y periodísticos, de que “la plata de los jubilados se utiliza como caja política”.

Cuando los fondos eran administrados por los comisionistas, la participación de las operaciones de crédito público con la Nación representaba el 59,48% sobre el total de los fondos.

Ese porcentaje sólo creció hasta el actual 61,01%, inferior al usual en los países de-sarrollados, como Francia.

La liquidación anticipada de acciones produciría una agresiva expansión monetaria, el incremento abrupto del consumo no encontraría respuesta de la oferta por falta de financiación, lo cual destruiría el mercado de capitales, generaría aumento de precios e inflación, el peso se devaluaría, subirían las tasas de interés y se encarecería el financiamiento público y privado.

El informe que Boudou llevó al Senado estima en $ 6.354 millones las pérdidas que sufrirían por una venta anticipada de sus acciones las empresas que fueron financiadas por las AFJP o por la propia ANSES, entre ellas el Grupo Clarín, cuyo valor se desplomaría en un 77% y Siderar, de la Transnacional italiana Techint, que perdería la mitad de los $ 2.327 millones de sus acciones en la cartera de la ANSES.

Otras empresas en las mismas condiciones serían Telecom, los bancos Macro, Galicia y Patagonia, Molinos, Pecom Energía, Aluar, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Holding. Con su capitalización en ruinas, las empresas no podrían emitir deuda corporativa o de capital y quedarían a merced de la especulación y de predadores externos.

Por si esto no fuera suficiente para evocar los inolvidables días de junio de 1989 o enero de 2002, la oposición unida padece un ataque de federalismo, por el que plantea transferir a las provincias entre $ 40.000 millones y $ 45.000 millones que hoy recibe el Estado Nacional (sumando el 15% de la coparticipación que se deriva a la ANSES, los Aportes del Tesoro Nacional acumulados, el segmento no coparticipado del impuesto al cheque, una disminución de 35% a 25% de las retenciones a las ventas externas de soja y la eliminación de toda retención a los demás granos). (...)".

Néstor Scibona en el diario La Nación:

"(...) Con el aumento anunciado prematuramente para las jubilaciones, la mínima equivaldrá al 76,4% del SMV (salario mínimo y vital).

Pero sólo por poco tiempo, ya que el Gobierno también convocó al Consejo del Salario Mínimo para ajustarlo, probablemente en 2 ó 3 etapas como en 2009.

Si el SMV se elevara en primera instancia de $ 1.500 a $ 1.800 mensuales, esa equivalencia bajará a 63,6%.

No obstante, quienes impulsan el 82% móvil se arriesgan a gatillar un arma de doble filo: del insuficiente mecanismo automático de movilidad previsional - que siempre queda rezagado frente a una alta inflación- podría volverse a un sistema discrecional dependiente del Poder Ejecutivo.

De hecho, el Ministerio de Trabajo no tiene -por ley- plazos ni parámetros fijos para ajustar el salario mínimo vital.

En caso de que éste quedara desactualizado en el futuro, lo mismo ocurriría con las jubilaciones mínimas.

Aún así, el próximo ajuste automático de casi 17% (el doble que el anterior, porque la mayor inflación elevó los salarios en blanco y los aportes e impuestos que van a la Anses) tiene sus bemoles. Como se percibirá en septiembre, para entonces habrá perdido algo más de 4% de poder adquisitivo, si la inflación mensual se mantiene desde julio en adelante en 2% mensual como prevén varias estimaciones privadas.

No es una buena noticia seguir corriendo detrás de la inflación para los casi cinco millones de jubilados que cobran la mínima y pasarán a ganar $ 151 más por mes hasta marzo de 2011.

Tampoco para los que se ubican por encima de ese nivel, ya que el aumento se aplica sobre una base deteriorada por varios años (2001-2006) de congelamiento de haberes.

Si bien las jubilaciones mínimas crecieron en la era kirchnerista por encima de la inflación, el sentimiento de desamparo de la clase pasiva surge del achatamiento de la pirámide: en 2001 sólo el 30% cobraba la mínima y en 2010 esa proporción trepa a 77%.

En esta franja se incluyen los 2 millones de nuevos jubilados que ingresaron en las moratorias de 2007-2008, y cuyos ingresos salen del mismo "pozo común" de la Anses, que iguala a quienes aportaron durante toda su vida laboral con muchos que nunca lo hicieron.

De las "ganancias" de la Anses por comprarle bonos al Tesoro surge además el pago de asignaciones por hijos menores de 18 años, que aumentarán 22,2% (de $ 180 a $ 220 mensuales).

Sólo el marketing político haría comprensible que CFK se haga aplaudir por compensar la pérdida de poder adquisitivo de esta necesaria ayuda social a sólo 9 meses de haberla puesto en marcha, cuando hasta las inverosímiles estadísticas del Indec registran una suba acumulada de 20,5% en los precios de la canasta básica alimentaria en el primer semestre.

También la pertinacia oficial en desconocer la inflación explique por qué la Presidenta se haya extrañado, en la celebración del aniversario de la Bolsa de Comercio, que el dólar siga siendo el punto de referencia para el ahorro y la inversión en la Argentina.

(...) Con el actual modelo inflacionario, la misión del BCRA de ahora en adelante será financiar al Tesoro más que preservar el valor del peso.

Sin ir más lejos, los subsidios a las tarifas energéticas y de transporte y a empresas estatales como Aerolíneas sumaron, sólo en la primera mitad de 2010, un 5% más que los $ 18.500 millones anuales que insumirá el promocionado aumento de jubilaciones y asignaciones familiares. (...)".

Juan Turello en La Voz del Interior, de Córdoba:

"(...) Suena increíble y hasta desconocido cuando Néstor Kirchner acude a los principios ortodoxos de la economía para justificar que el Estado nacional no está en condiciones de aplicar el 82% móvil sobre el salario mínimo, como aumento de emergencia para los sumergidos pasivos.

3 de cada 4 -casi 5 millones de jubilados y pensionados- ganan menos del haber mínimo de $ 895, que la gestión de Cristina Fernández actualizará a partir del 1º de setiembre (...).

No es que sea irracional aplicar los principios de la ortodoxia, fundados en la estabilidad de la moneda y del superávit de las cuentas públicas, es decir, que los ingresos corrientes sean superiores a los gastos corrientes.

Lo poco creíble es que Néstor Kirchner acuda a ellos para defenderse ante la arremetida de la oposición, en especial cuando su carrera política se cimentó en criticar ese modelo y los consejos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que los hacía propios.

Números apretados

A partir de la semana próxima, cuando se reanuden las sesiones en el Congreso, la oposición tiene muchas posibilidades de convertir en ley el proyecto que fijará un haber mínimo para los jubilados a partir del 82% del salario mínimo, actualmente de $ 1.500.

De tal forma, los pasivos tendrían un sueldo de $ 1.230, lo que supone una erogación anual extra en torno de los $ 22.000 millones, según distintos análisis actuariales.

"El sistema puede quebrar, y también puede quebrar el Estado", advirtió Kirchner, escudado en el manual ortodoxo.

No se trata de desconocer esos principios, sino que lo llamativo es que acuda a ellos quien ha manejado la economía según sus propios dictados, alentando medidas que significan mayor demanda en momentos que la inflación de los últimos 12 meses es de 22,5%, según Ieral-Fundación Mediterránea.

El Gobierno espera que el crecimiento económico de este año esté en torno del 6% al 7% en relación con 2009, que registró una caída en el primer semestre que los datos oficiales no admitieron y terminaron certificando una recuperación de 0,5%.

Lula Da Silva, el "progresista" que resiste cualquier calificación de ortodoxo, ordenó medidas para frenar la expansión de Brasil, que llegará este año a 7,6%, según la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Los Kirchner se jactan de "no haber enfriado la economía", aunque la suba de precios se llevó buena parte de la recuperación salarial que lograron los gremios. Por caso, jubilados y empleados públicos -que tuvieron una mejora de 21 por ciento- llevan las de perder.

!Pum para arriba! El consumo que impulsan los sectores medios y altos de la población, junto a la cosecha récord de soja -que llenan de dólares las arcas del Banco Central (las reservas rozan los $51.000 millones)-, generan un horizonte de optimismo y tranquilidad para los 5 meses que restan del año.

No hay hombre de negocio que no levante el pulgar a la hora de señalar las perspectivas para este semestre. "Estamos !pum para arriba!", se jactan algunos y recuerdan que los principales indicadores rozan el tercer trimestre de 2008, cuando se registró el pico más alto de la recuperación que se extendió por 6 años.

¿Qué pasará en 2011? Es la pregunta del millón y la más difícil de responder, aunque varios sectores dan signos de estar agotando su capacidad de competencia ante los productos importados o para vender en el exterior a precios competitivos.

Dos muestras de botón:

> Campo. La ganancia promedio para quien sembró soja fue de US$ 122 por hectárea, según cálculos de Néstor Roulet, dirigente rural de la zona núcleo de la provincia. Ese ingreso supone una ganancia de 1,52% sobre el valor de la tierra, unos US$ 8.000 en promedio la hectárea.

Si bien el cálculo del costo de oportunidad puede ser objetable (está en discusión el período de amortización del capital, que es la tierra), revela cómo se han estrechado los márgenes del productor.

La prueba más palpable es que gran parte de la cosecha sigue en los silos bolsa a la espera de mejores precios, en suma, de una mejor rentabilidad. En los otros granos, el productor "salió hecho", según la gráfica expresión de Roulet.

> Industria. Los principales dirigentes fabriles de la provincia han chocado con la inflexibilidad del ministro de Finanzas de la Provincia, Ángel Mario Elettore, sobre la posibilidad de producir en lo inmediato una rebaja en la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos, tanto para el sector como para el comercio. El Gobierno argumenta que más allá del aporte de la Nación ($ 731 millones), aún debe financiar otros $ 500 millones del déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

Roberto Avalle, el titular de Industria, les pidió a las cámaras empresarias que aporten iniciativas para conjurar el déficit de la Caja, y de ese modo rebajar el distorsivo tributo. Tanto la Unión Industrial de Córdoba, como la Cámara de Industriales Metalúrgicos le señalaron que, más allá de las ideas que podrían aportar, la "iniciativa y decisión política" corresponde a la gestión de Juan Schiaretti.

Conclusión : por este año no habrá rebaja y no hay perspectivas que la decisión cambie respecto a 2011. "Hay empresas que contratan servicios de transporte y de otra naturaleza en las provincias vecinas, donde se paga menos de Ingresos Brutos", les recordaron a los ministros, en lo que puede significar una pérdida de oportunidad de generar trabajo en Córdoba.

Ortodoxia o no, la inflación empezó a comerse la rentabilidad de las empresas (salvada en algunos casos por mayor volumen). El paso siguiente es la pérdida de competitividad, lo que significa dejarlas fuera del mercado, con pérdidas de fuentes de trabajo. (...)"

Eugenio Paillet en La Nueva Provincia, de Bahía Blanca:

"(...) El dato viene a cuento porque un importante ministro del gabinete ha dicho que lo primero es ganar en la provincia de Buenos Aires. No hay destino posible en una elección nacional a nivel país si no se supera ese examen. "El peronismo, en todas sus variantes, es, básicamente, eso; su esencia está en la Provincia, si no gana ahí, está perdido", sostiene.

Hay que convenir que el gobierno de Cristina Fernández ha venido actuando en consecuencia con esos principios. En la Casa Rosada, reconocen que la batería de anuncios realizados por la mandataria, durante la semana que termina, entre aumentos a los jubilados y de la asignación universal por hijo, tienen como obvio objetivo a la población de esas 2 franjas de la sociedad de todo el país. Pero el epicentro se ubica claramente en la provincia de Buenos Aires.

Las urgencias políticas locales del ex Presidente vienen de la mano de datos de la realidad: estudios previos y números oficiales que aportaron a la Casa Rosada el ministro de Economía, Amado Boudou, y el titular de la Anses, Diego Bossio, ayudan a comprender la jugada política.

Más del 60% de los jubilados del padrón oficial que se beneficiarán con el aumento de la percepción mínima vive en el Conurbano bonaerense y en el resto del territorio provincial.

Y más del 70% de los chicos cuyos padres reciben aquel beneficio por ser desempleados o trabajadores en negro, también se asientan en zonas pobres del Gran Buenos Aires o en el interior de la geografía provincial.

Los Kirchner están dispuestos a jugar fuerte, en búsqueda de aquel objetivo, y hasta no han desechado situaciones francamente insólitas para mostrar éxitos a cada paso y a la vuelta de cualquier puerta.

No se entiende, de otro modo, la razón por la que la presidenta utilizó 45 largos minutos de la cadena nacional de radio y televisión, durante un acto al que hizo viajar a gobernadores, intendentes y otros adherentes desde distintos puntos del país, para anunciar un aumento a los jubilados que está previsto en la Ley de Movilidad que el Congreso sancionó el año último.

¿Por qué hacer un acto con toda la pompa sólo para decir que cumplió con la ley?

Una ley que, vale recordar, el kirchnerismo no apoyó en sus comienzos, cuando fue impulsada por los bloques de la oposición, como ha ocurrido con otras iniciativas a cuyo carro se subieron recién cuando entrevieron rédito seguro y aplauso fácil, como la que acaba de consagrar el matrimonio entre homosexuales.

Sin embargo, no han logrado sacarse de encima un estigma: la creencia de la gente común, reflejada en aquellos mismos trabajos de consultoras paraoficiales o independientes, acerca de que el gobierno invierte millonadas de los jubilados que administra la Anses para subsidiar el pésimo servicio que ofrece Aerolíneas Argentinas, o a los concesionarios privados del servicio de transporte, sin olvidar los fondos que van a las manos de Julio de Vido para hacer obra pública sólo con gobernadores o intendentes amigos, o los préstamos a la banca oficial, y no para aumentarles la mínima a los jubilados.

La oposición en el Congreso martilla en la cabeza a los Kirchner con ese argumento, y esa es la razón por la que el proyecto del 82% móvil hasta encuentra aliados críticos del kirchnerismo dispuestos a apoyarlo. (...)·"